Tres gerentes del SAS declararán ante el juzgado en noviembre en la causa de los contratos de emergencia tras el Covid

Valle García Sánchez, actual gerente del SAS, y sus predecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, prestarán declaración próximamente ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. La actuación se llevará a cabo dentro del marco de la causa que investiga la denuncia por los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud.

Estas tres personas tendrán que pasar ante el titular del juzgado de instrucción el próximo 25 de noviembre. En la providencia, firmada este pasado martes 9 de septiembre, también se cita a declarar en calidad de testigos a tres ex interventoras de la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia por los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha citado a declarar en calidad de investigados a la actual gerente del este servicio y a sus dos predecesores en el puesto. La declaración tendrá lugar el próximo 25 de noviembre.

De la misma manera, han sido citados en condición de testigos el ex director económico del SAS y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud. Todos los testigos deberán comparecer el día 18 de noviembre, una semana antes de que lo hagan los ex gerentes del ente.

Por último, cabe destacar que el instructor ha solicitado a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS la remisión del expediente que dio lugar a un informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla.

La obra del Antiguo Hospital Militar

Esta causa está abierta tras una denuncia realizada por el PSOE hace casi un año. Por entonces, Moreno Bonilla tildó la misma de "querella política inventada" y esperaba el archivo "lo antes posible".

Tras la apertura del caso, la Fiscalía Anticorrupción señaló que, a partir de 2021, el SAS comenzó a contratar a dedo una "inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas", pese a que, en su opinión estos servicios "debieren prestarse por la sanidad pública".

Ese mismo año, el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, dio instrucción al resto de consejerías para que cesaran los contratos de emergencia. Sin embargo, el SAS ignoró esta orden y, como señaló este periódico, siguió contratando por esta vía hasta 2024.

Recientemente, la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se vio ampliada. El pasado mes de mayo, en una providencia a la que tuvo acceso a El Correo de Andalucía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE como acusación particular, el juez solicitó una nueva ampliación de la documentación reclamada al Gobierno andaluz que justificara todos los contratos, las cuantías, prórrogas y las empresas elegidas entre 2020 y 2024.

Dentro de los contratos requeridos, se apuntaba a uno de manera específica: la obra de reforma del antiguo Hospital Militar de Sevilla (ahora Vigil de Quiñones) con una inversión de más de 70 millones de euros adjudicados en su mayor parte por vía de emergencia.

La providencia recogía: "Se requiere a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS que remita el expediente completo que da lugar a la emisión del informe del proceso de verificación de los gastos con fondos europeos derivados de los contratos de emergencia para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla".

Es igualmente necesario recordar que la causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia formalizados entre 2021 y 2024, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros.

Hace unos meses, Podemos, tal y como le solicitó el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, formalizó una querella para personarse como acusación popular. La formación morada presentó una querella contra la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, y Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, exdirectivos del SAS, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y pidió sus declaraciones en calidad de investigados. La misma fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 13 el pasado 1 de septiembre.