La consejera de Educación apunta a las responsabilidades penales a partir de los 14 años en el suicidio de Sandra Peña

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este viernes sobre los avances en la investigación del presunto caso de acoso escolar en el colegio de las Irlandesas Loreto de Sevilla, que supuestamente llevó al suicidio a la joven de 14 años Sandra Peña.

Tras expresar nuevamente las condolencias a la familia de la menor, que esta misma mañana ha participado en una concentración en su memoria, Castillo ha detallado que la Inspección Educativa, que tiene entre sus funciones la supervisión de las actuaciones del centro educativo en este tipo de casos, tras personarse en el centro y recabar toda la información disponible sobre el caso de Sandra, ha constatado que "no consta el inicio del ninguno de los dos protocolos que de alguna manera tenían que haberse abierto" ante un presunto caso de acoso escolar.

La consejera se refiere a los dos protocolos disponibles, como son el de prevención del acoso escolar y el de prevención de las conductas autolíticas, "que desgraciadamente es lo que ha pasado en este caso". Toda esta información recabada ya se ha trasladado a la Fiscalía "por si hubiera responsabilidades de tipo penal". En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en donde recae la responsabilidad en este caso, advirtiendo que los menores investigados tienen más de 14 años y también está investigando si las familias de los adolescentes que presuntamente estaban sometidos a Sandra a bullying tenían conocimiento de la situación.

"Responsabilidades hay siempre, pero empezamos por quienes tendrían que supervisar que no se produzcan estas situaciones, pero también sobre quién participa en esas situaciones, porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos", ha querido aclarar María del Carmen Castillo.

Proceso administrativo paralelo

Además de la responsabilidad del tipo judicial, desde la Consejería se ha requerido al centro educativo para que inicie las actuaciones correspondientes para saber qué ha pasado y por qué no se han activado los protocolos. Castillo insiste en que en el momento en el que hay sospechas de un caso de acoso escolar, "lo que tiene que hacer ese centro educativo es abrir un protocolo que está bien establecido con una serie de pasos".

La Consejería sí tiene conocimiento de que el centro "adoptó medidas" a petición de la familia de la víctima, que según ha sabido El Correo de Andalucía, se basaron en la separación de Sandra de sus supuestas acosadoras. "No es porque sea en este caso concreto, pero suele ser habitual que se separe a al alumno", apostilla Castillo, aunque también se debe "extremar la vigilancia" en los momentos en que los alumnos tienen mayor interacción", como son los intercambios de clase y los recreos.

No obstante, la implantación del protocolo, ha argumentado Castillo, "lleva también hablar con la familia de los presuntos acosadores y adoptar las correcciones que sean necesarias, tanto desde el punto de vista disciplinario como simplemente de cambio de conducta".

"Creo que hay que decir y creo que es importante que los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlo, es decir, no quiero yo decir que haciendo el protocolo las cosas van a cambiar, pero si no lo hacemos no podemos evitarlo y esa es la idea del protocolo", ha defendido la consejera.

La actuación de las Irlandesas Loreto

Sin profundizar en más información de la que ya se ha dado, María del Carmen del Castillo ha asegurado que el colegio de las Irlandesas Loreto está colaborando y se ha puesto a disposición de la Delegación Territorial de Educación para aportar toda la información sobre este caso.

"La información que ellos nos han facilitado sobre las actuaciones que llevaron a cabo, también la hemos trasladado a la Fiscalía y se están viendo desde el punto de vista del inicio de los correspondientes expedientes administrativos".

Sobre si hay o no más casos en el colegio, asegura que por el momento no tiene "el dato" concreto, porque ahora están centrados en lo que le ocurrió a Sandra.

Amplificación en redes sociales

Son dejar a un lado la responsabilidad de los centros educativos o de las familias ante un caso de acoso escolar, María del Carmen Castillo ha puesto el foco también en el uso de las redes sociales como herramienta en las situaciones de bullying.

"Antes, cuando tú tenías una situación de esta naturaleza ocurría en el periodo que tú estabas en el centro educativo, luego tú te ibas a tu casa y ya está. Las redes sociales hacen que estas situaciones si se producen sean 24/7", ha lamentado la consejera.

Ante este nuevo paradigma, Castillo asume que no sólo es una cuestión de prohibir los móviles en las aulas, sino de "ver que la tecnología está aquí, que lo digital está aquí, que ha venido para quedarse, pero que tiene riesgo y tenemos que conocer los riesgos y protegerlos".