La lucha contra el uso irregular de agua por los cultivos de Doñana suma ya 1.272 sanciones valoradas en 14 millones

Casi 1.300 sanciones a cultivos por un uso irregular del agua, en torno a 2.000 actuaciones para cerrar pozos ilegales, y una reducción progresiva de los invernaderos ilegales que ahora ocupan sólo 547 hectáreas, la mitad que en 2020. Casi dos años después de la firma del pacto de Doñana entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho balance del desarrollo de los sus compromisos económicos, que cifran en 329 millones, y de sus actuaciones disciplinarias y de control para mejorar la conservación del espacio protegido.

Las distintas campañas de control que se han llevado a cabo, reforzadas en 2023 con la puesta en funcionamiento de una nueva herramienta de lectura de los consumos de los cultivos, han conseguido ya, según este informe, la tramitación de 1.272 expedientes sanciones a cultivos legales o ilegales pero que han hecho un uso irregular del agua. Entre las sanciones impuestas y los daños causados al dominio público hidráulico estas actuaciones suman un importe de 14,2 millones de euros.

"La nueva herramienta se aplica en toda la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir pero es en zonas sensibles como en entorno de Doñana donde cobra especial importancia", explica en su memoria el Ministerio de Transición Ecológica.

Además de estas sanciones, las actuaciones de control se han centrado en el sellado de los pozos irregulares. De oficio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir suma ya un total de 1.214 pozos sellados con medios propios una vez culminados los procedimientos. Una cifra a la que hay que añadir 185 que han sido clausurados de forma voluntaria tras ser apercibidos; 190 que se encuentran en trámite de ejecución forzosa, 476 sellados por la regularización especial del fresno y 19 en suspenso por decisiones judiciales. En total, casi 2.000.

Campañas de teledetección

Dentro de esta estrategia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir puso en marcha dos campañas anuales de teledetección centradas en los invernaderos. Se trata de constatar a través de estos instrumentos los puntos en los que hay cultivos bajo plástico en los momentos claves, es decir, en invierno cuando se instalan, y en primavera cuando finaliza la campaña.

Los cruces de estos datos se completan después con inspecciones directas en las explotaciones. En total, se visitaron 327 hectáreas para comprobar si los invernaderos eran legales y la consecuencia fueron 37 denuncias por riego irregular y por un consumo no permitido de 1,6 millones de metros cúbicos. No obstante, todas las acciones de control que se han ido ejecutando han permitido una reducción progresiva de la superficie de invernaderos no permitida que se estima en un 20% en el último año.

Concretamente, según el último informe del Ministerio, en la campaña 2024-2025 se detectó una reducción de los invernadores que abarcaron una superficie total de 4.298 hectáreas en 2025. De éestas sólo 547 se consideran ilegales.

Impacto económico

El informe incide también en el desarrollo del pacto de Doñana casi dos años después. Según los datos difundidos por el Ministerio de Transición Ecológica se han movilizado ya 329 millones de euros, algo más del 44% del presupuesto de estos dos planes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, centrados en la recuperación medioambiental del espacio natural y el desarrollo socioeconómico de los catorce municipios de su área de influencia.

Según ha indicado el Ministerio, se diseñó un presupuesto inicial de 706 millones de euros entre 2022 y 2023 para esta estrategia integral, que alcanza ya "los 745,3 millones de euros" por lo que se ha conseguido incluso rebasar los objetivos iniciales.

No obstante, el pacto atraviesa en estos momentos una fase delicada debido a la fractura abierta por la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de ejecutar su plan de deslinde de una parte del entorno de Doñana, que pasará a ser de titularidad estatal como suelo de dominio marítimo terrestre, pese al rechazo en bloque de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, ecologistas y el propio Consejo de Participación.