El colegio Irlandesas de Loreto pide “cautela y responsabilidad” mientras se investiga la muerte de Sandra Peña

La dirección del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, en la Carretera Carmona, ha pedido este lunes "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar. El colegio no activó ni el protocolo de acoso.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el centro pide que "cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad". "Nuestra prioridad --continúa la nota-- es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado". La dirección explica que el equipo de orientación y de bienestar smocional están atendiendo "de manera especial" a los estudiantes.

Además, recalca, "estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido. El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso".

En relación con este caso, la Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes que el colegio podría perder el concierto educativo "si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave" del mismo. "Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta", han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.