La Junta avanza en su investigación del acoso escolar a Sandra: el colegio Irlandesas Loreto podría perder el concierto

La Junta de Andalucía mantiene su expediente administrativo abierto al colegio Irlandesas Loreto al que pertenecía la joven Sandra Peña, que se suicidó tras sufrir acoso escolar. De hecho, la Inspección Educativa ha realizado nuevas visitas al centro para recabar nuevos datos que sirvan para ampliar una investigación que puede tener como consecuencia la retirada, por primera vez por este motivo, del concierto con este centro educativo.

La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castilla, ha defendido en el Parlamento Andaluz la actuación que ha realizado su departamento tras conocerse que la joven Sandra Peña se suicidó tras sufrir acoso escolar y que no se habían activado los protocolos. "Hemos remitido el caso a la Fiscalía y hemos abierto un expediente administrativo que sigue abierto. Seguimos recabando información. Esta misma semana han vuelto a estar allí los inspectores", explicó la consejera.

De hecho, según confirman desde la Consejería, los inspectores de Educación se encuentran en el centro casi de forma permanente, "para recabar más datos y también para asesorarles en medidas para mejorar la convivencia"

La consecuencia de este expediente, como anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno, puede conllevar por primera vez la retirada del concierto educativo con este colegio. "Si se tratara de una infracción muy grave cabe la posibilidad de conllevar la retirada de los conciertos, al tiempo que ha apuntado que la Junta de Andalucía será muy contundente en cuanto tenga los resultados", detalló la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Defensa de los protocolos

La respuesta en el Parlamento andaluz de la consejera se produjo a raíz de una pregunta realizada por parte de la parlamentaria socialista Encarnación Martínez, quien pidió a la Junta de Andalucía que revise los protocolos e incremente los recursos presupuestarios y humanos destinados a combatir el acoso entre menores en los centros educativos. También Por Andalucía elevó esta situación a la Cámara autonómica.

La consejera defendió que los protocolos existentes "sirven": "Cuando estos programas se aplican y los protocolos se activan, funcionan, y prueba de ello es que la mayoría de los casos de acoso se solucionan en el ámbito escolar". En el caso de Irlandesas Loreto, no obstante, según la Consejería de Desarrollo Educativo este protocolo no se llegó a activar motivo por el que la Junta derivó el caso a la Fiscalía.

Castillo incidió además en que el acoso "no es solo un problema de los centros": "Antes el acoso se producía de nueve a dos de la tarde. Pero los colegios no son responsables de lo que ocurre a partir de las dos de la tarde".

En este sentido, la Junta de Andalucía quiere promover una serie de modificaciones legislativas para incrementar las sanciones que se aplican en los casos de acoso escolar como la prohibición de acceso a los móviles hasta los 18 años o incluso una revisión de las herramientas de control de las principales plataformas para que frenen insultos o descalificaciones entre menores.