Urbanismo
Mano dura contra la contaminación visual en Sevilla: el Ayuntamiento protegerá edificios BIC de 79 zonas
El Gobierno de José Luis Sanz unificará la normativa de protección de entornos del Conjunto Histórico con BIC para asumir competencias de la Junta y ser quien impida obras "que impidan o modifiquen su percepción"

Vista panorámica de la calle Betis, en el barrio de Triana, desde el Paseo de Colón / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

En Sevilla cada vez es más habitual que determinadas obras, desde carteles, toldos o remontes, afecten a plazas, calles y edificios que estén protegidos por ser Bienes de Interés Cultural (BIC) en sectores del Conjunto Histórico de la ciudad. Para evitar esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha decidido tomar cartas en el asunto y pedir competencias a la Junta de Andalucía para garantizar la protección patrimonial de hasta 79 entornos que se considera que no están "suficientemente regulados". Para ello ha elaborado un documento con una regulación específica que completará y mejorará los Planes Especiales de Protección aprobados, algo aprobado inicialmente este viernes en la Junta de Gobierno Local.
Según ha informado el Consistorio, es "un ejercicio de adaptación o complementación del planeamiento de protección aprobado de ciertos sectores del Centro Histórico, para unificar la normativa de protección en los entornos de BIC en todos los sectores del Conjunto Histórico, cuya finalidad no es otra que proteger el Bien catalogado de las actuaciones que impidan o modifiquen su percepción, evitando aquellos elementos en su entorno que puedan contaminar visualmente su contemplación". Es decir, para evitar que haya obras que alteren la visión de los mismos.
Las modificaciones a introducir en los distintos documentos van dirigidas únicamente a garantizar la protección patrimonial de los BIC, sin incidencia alguna sobre aspectos medioambientales ni sobre el cambio climático. Los sectores del Conjunto Histórico en concreto afectados, y que por consiguiente son objeto de esta modificación son: Sectores 1 “San Gil-Alameda”, 2 “San Luis”, 3 “Santa Paula-Santa Lucía”, 5 “San Bartolomé”, 9 “San Lorenzo-San Vicente”, 9.1. “Los Humeros”, 10 “Macarena”, 12 “San Bernardo”, 13 “Arenal”, 13.2 “Plaza de Armas”, 14 “Triana”, 16 “San Julián-Cruz Roja”, 17 “Trinidad”, 18 “San Roque-La Florida”, 21 “Prado de San Sebastián”, 24 “El Porvenir”, 25 “La Palmera”, 27.2 “Histórico” y, 27.3 Puerto.
El Ayuntamiento quiere ser quien autorice las obras
El Gobierno de Sanz explica que esta "carencia o ausencia de regulación específica" obedece al hecho de dichos Planes Especiales de Protección –o en algunos casos Catálogos de Protección- fueron aprobados al amparo de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía -anterior a la actualmente vigente de 2007- que no contemplaba la delegación de competencias en los municipios de los entornos BIC, como sí ocurre con la vigente Ley 14/2007 de PHA, que sí delega a favor de los ayuntamientos las competencias en los entornos de BIC.
En consecuencia, los Planes Especiales de Protección de aquellos sectores del Conjunto Histórico que fueron aprobados con posterioridad a la Ley 14/2007 sí tienen delegadas en el municipio las competencias para conceder licencias de obras en los entornos de BIC.
Por tanto, el objetivo del alcalde es solicitar a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía, la delegación de competencias a favor del Ayuntamiento para autorizar obras y actuaciones en entornos de BIC en aquellos sectores del Centro Histórico carentes de esta regulación, por haber sido sus Planes Especiales de Protección aprobados antes de la ley actual de Patrimonio Histórico Andaluz.
La aprobación inicial de este documento se produce tras la emisión por parte de la delegación territorial de la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Informe Ambiental Estratégico, que concluye que el documento de planeamiento elaborado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Tras la aprobación inicial, el documento se someterá a información pública por plazo de 20 días, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
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