La operación contra el narco que puso en el foco al alcalde de Gines, a Rafael Pineda y la venta de una parcela en Pino Montano

La Guardia Civil desmanteló en enero de este año una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes del narcotráfico en el Aljarafe sevillano. Once meses después, el hilo de aquella operación, que se saldó con la detención de 22 personas tras el supuesto lavado de 11 millones de euros, sigue abriendo frentes. El penúltimo: el entramado tras la venta de la parcela del Higuerón por parte de Emvisesa a la esposa de Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla investiga los hechos vinculados al entorno de Pineda, aunque aún no se conoce que esté imputado por ello. Según el último informe de la UCO, Olga Pérez, la esposa de Pineda, compró los terrenos que tenía arrendados en Pino Montano por 1,7 millones de euros y los vendió cinco meses después por 3,9 millones de euros. Es decir, ganó 2,2 millones de euros en tan solo unos meses con una parcela que había salido a venta en anteriores ocasiones y siempre había quedado desierta. Según el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la UCO dice expresamente que la parcela "estaba secuestrada por esos señores", lo que habría provocado que perdiera valor y por eso se tasara en menos de dos millones en última instancia siendo su valor mayor.

Posteriormente, según el informe de la UCO, la empresa de Pérez repartió los beneficios de la operación entre ella y su marido, sus dos anteriores socios y otras personas. Entre estas últimas, señalan los agentes del Instituto Armado, se le envió un pago de 78.000 euros desde la empresa matriz a una empresa del jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa. El trabajador ha sido suspendido de empleo y sueldo.

Además, el último capítulo también salpica a Pineda. Según informó Diario de Sevilla, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordoñez, investiga a raíz de la primera operación a Romualdo Garrido, alcalde socialista de Gines. Lo hace porque presuntamente "presionó" a una empleada municipal para acelerar expedientes urbanísticos relacionados con el empresario vinculado al narcotráfico de la operación de enero. A su vez, presuntamente este habría pagado dos comidas a Pineda por algunas gestiones administrativas que le realizó.

Lo incautado en la operación inicial

La Guardia Civil desmanteló la organización de blanqueo en enero. Lo hizo tras 14 entradas y registros en domicilios y oficinas de distintas localidades de Sevilla. En total, se intervinieron 257.000 euros en efectivo, joyas y artículos de lujo, numerosos dispositivos electrónicos y documentación con información sobre los entramados empresariales investigados. Además, se requisaron 12 vehículos de alta gama.

A la trama le fueron bloqueadas judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y se realizó la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.

El complejo entramado societario

Esta primera causa estaba compuesta por un complejo entramado societario que ocultaba el origen ilícito de los fondos con los que se financiaba. Tenían sociedades instrumentales y negocios reales con mucha actividad.

Tal era la actividad de esta red que incluso habrían realizado operaciones fraudulentas, según informó la Guardia Civil. Llegaron a tener empresas a nombres de testaferros con las que pedían créditos ICO y luego las abandonaban, dejando la carga en los supuestos dueños.

Entre las empresas destaca el restaurante Green House de Gines. De hecho, lo último que se conoce del caso es que la UCO, según destapó Diario de Sevilla, apuntó que Pineda se reunió con Romualdo García, alcalde de Gines, para que resolviera uno de los espedientes de este negocio y este presionó presuntamente a una empleada municipal. El empresario les habría pagado en comidas y copas.

Esta red, según apuntó la Guardia Civil el pasado mes de enero, ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España para blanquear beneficios. Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Unas escuchas que llevaron a Pineda

Esta operación fue llevada a cabo por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Zona de Andalucía y la UOPJ de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Acción Rápida. También se ha contó con la colaboración de Europol para identificar y rastrear los movimientos de dinero a través de diversos países.

En el marco de esta investigación se llevaron a cabo distintas escuchas. En una de ellas saltó el nombre de Rafael Pineda y la magistrada del Juzgado de Instrucción número 10 decidió abrir una pieza separada. La Guardia Civil no logró encontrar prácticamente nada en relación con aquello, pero sí atisbaron algo en relación con la parcela de Emvisesa que la mujer de Pineda compró en 2024 y vendió a principios de 2025. Como consecuencia de aquello, los agentes entraron en Emvisesa a recoger toda la información y han seguido tirando del hilo hasta conocer los detalles expuestos este pasado viernes.