Los abogados de Sevilla se reúnen por primera vez en 300 años: "Este oficio se ejerce en libertad y con independencia, pero no en soledad"

La Real Fábrica de Artillería ha acogido este jueves 13 de noviembre el inicio del I Congreso de la Abogacía de Sevilla. Es el primero que celebra la institución en 300 años y estuvo marcado en su jornada inaugural por las protestas de los letrados por la plataforma al RETA en la puerta y las menciones a los retrasos derivados de la aplicación de Ley de Eficiencia (1/2015) y la instauración de los nuevos Tribunales de Instancia.

Lorenzo del Río, presidente del TSJA, fue uno de los encargados de inaugurar este congreso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Del Río señaló que por el momento, aunque le "duele decirlo", "no han visualizado la eficiencia" de la nueva ley de eficiencia, con la que se ponen en marcha los nuevos Tribunales de Instancia. Para él se debe distinguir entre "eficiencia y eficacia" y este nuevo modelo está "ampliando ahora mismo los tiempos de respuesta" de la Justicia, "singularmente en el área penal".

Este modelo por el momento no ha llegado a las grandes capitales: lo hará a partir del 1 de enero. El presidente del TSJA apuntó que están "conteniendo la respiración" por la implantación de esta tercera fase de la ley de eficiencia. Habló de ser "conscientes de la importancia de ser capaces de acertar en la duplicación de funciones de funcionarios, asignación de tareas, áreas de trabajo, equipos y especializaciones".

Sobre la aplicación de esta ley también habló el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, una "reforma impuesta por el Ministerio que la Junta afronta con un gran esfuerzo técnico y económico". Nieto celebró que hubiera una mesa específica al respecto a lo largo de la mañana en la que destacó "el nivel de los ponentes".

En la inauguración también participaron José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, el decano del ICAS, Óscar Fernández León, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), Federico Fernández Rodríguez, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.

"Un cuello de botella en la resolución"

La segunda mesa de la tarde versó sobre los seis primeros meses de la implantación de los Tribunales de Instancia en la Justicia. La mesa fue presentada por Óscar Romero Agudo, secretario de la Corte de Arbitraje y Mediación de Sevilla y participaron Celia Belhadj Ben Gómez, magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sevilla, y Sofía Manuz Leal, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla. La misma fue moderada por la abogada Carmen Osete Padilla.

Manuz Leal explicó que el gran problema de los Tribunales de Instancia se centra en dos aspectos: el reto tecnológico y la deficiencia de plantilla. En este segundo sentido hizo alusión a un "cuello de botella en el ámbito de la resolución". "Se necesitan más plazas de magistrados, de secretarios y de cuerpos generales", explicó antes de rechazar el proyecto de ley del Gobierno para el acceso a la carrera judicial. Con todo ello, "los frutos" de la aplicación de los Tribunales de Instancia se recogerán "a futuro".

Sobre el retraso, también hizo hincapié en lo que ha supuesto el traslado a Palmas Altas de los Juzgados de Primera Instancia: "Una paralización de tres o cuatro semanas y no dar respuesta al ciudadano". Por lo tanto, "mayor retraso en el ámbito civil".

Menciones al RETA

En esta primera jornada, fueron varios los ponentes que se acordaron de los compañeros que luchan por conseguir la pasarela al Reta. Óscar Fernández León hizo mención a ellos y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, reclamó "una reforma urgente del sistema de pensiones y la pasarela al RETA para los mutualistas", una demanda que "ya no puede demorarse más, porque con las pensiones no se juega y la política debe resolver las cuentas pendientes del Estado. Esta es una de ellas".

Los letrados afectados por esta problemática tuvieron que protestar en la puerta de la Real Fábrica de Artillería. Ana Gil Lavado, portavoz del Movimiento J2 en Sevilla, ha destacado a las puertas de la Real Fábrica que habían venido "a recordar que la Abogacía no se divide. Exigimos una integración justa y sin exclusiones. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de profesionales siguen sin pensión digna".

Gil ha lamentado la decisión de la organización del Congreso de la Abogacía Española de denegar la instalación de una mesa informativa dentro del recinto donde se celebra el evento. "Queríamos informar y dialogar, no confrontar. Pero una vez más se nos ha cerrado la puerta", ha señalado antes de asegurar que no habrá desaliento "hasta que la abogacía institucional reconozca la realidad que viven miles de compañeros atrapados en un sistema injusto".

Dos jornadas de Congreso

El Congreso continuará a lo largo de este jueves y este viernes 13 y 14 de noviembre. Óscar Fernández León, decano del ICAS, resaltó que "la abogacía se ejerce en libertad y con independencia, pero no en soledad. Nuestro trabajo nace muchas veces en el conflicto, y, sin embargo, lo que nos sostiene no es la confrontación, sino el compañerismo".

"Si de este Congreso nace más unión, más reflexión, más formación, más compromiso y más Sevilla en la abogacía, habrá merecido la pena", explicó el decano, que espera que este sea el primero de muchos congresos de la abogacía en Sevilla.

Este congreso aborda cuestiones de actualidad en el mundo jurídico: la aplicación de la Ley 1/2025, la reforma del procedimiento de liquidación de gananciales, la protección del contribuyente o los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ejercicio jurídico.

Entre los participantes figuran Antonio del Moral García (magistrado del Tribunal Supremo), Pilar Llop Cuenca (magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid), Miguel Pasquau Liaño (magistrado del TSJ de Andalucía y catedrático de la Universidad de Granada) y José María Gimeno Feliú (catedrático de Derecho Administrativo), junto a numerosos jueces, fiscales, catedráticos y profesionales del Derecho. Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y cabeza de cartel, no participó finalmente por estar inmerso en el juicio al Fiscal General del Estado