La viceconsejera de Hacienda defiende que la Junta de Andalucía no perdió dinero al adjudicar con contratos de emergencia las obras del Muñoz Cariñanos

Amelia Martínez, exinterventora general de la Junta (2019 y 2022) y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha pasado este martes por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla para declarar como testigo en la causa abierta por los contratos de emergencia del SAS en Sevilla. Durante su intervención ante el instructor, Martínez ha defendido que en la adjudicación de emergencia de la segunda fase de las obras del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos no se perdió ni un euro de los 47 millones de euros de fondos europeos que se solicitaron, según fuentes que estuvieron presentes en la declaración.

El pasado mes de mayo, el juez pidió, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE como acusación particular, la documentación que justificara todos los contratos, las cuantías, prórrogas y las empresas elegidas entre 2020 y 2024 en este caso. Entre todo ello apuntó de manera específica al contrato del Hospital Militar de Sevilla, que se reformó con 70 millones de euros adjudicados en su mayor parte por vía de emergencia.

El Juzgado solicitó el pasado mes de mayo "todos los contratos derivados de las obras de emergencia del Hospital Militar de Sevilla". Específicamente, se centró en el uso de los fondos europeos en la ejecución de este proyecto.

"Se requiere a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS que remita el expediente completo que da lugar a la emisión del informe del proceso de verificación de los gastos con fondos europeos derivados de los contratos de emergencia para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla", solicitaba la primera providencia.

El pasado 9 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 13 volvió a insistir a la Junta de Andalucía para que enviara al juzgado la documentación económica de los contratos formalizados por esta vía para las obras de terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla.

En concreto, la providencia acordaba en su segundo punto: "Reiterar oficio para que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS remita el expediente completo que dio lugar a la emisión del informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos Europeos, derivados de los contratos de emergencia, conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla (2° Fase) CC0002/21, CC5025/21 y CC0033/21 de 07.06.2022".

Como nota anecdótica, en el marco de este proceso, el juez llegó ha llegado a referir este martes que no pudo enseñar los documentos a los declarantes como testigos en pantalla grande "por el sistema informático que provee la Junta de Andalucía".

La obra del Antiguo Hospital Militar

Es necesario recordar que esta causa está abierta tras una denuncia realizada hace prácticamente un año por el PSOE. Por entonces, Moreno tildó la misma de "querella política inventada" y esperaba el archivo "lo antes posible". Esta causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia formalizados entre 2021 y 2024, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros.

Tras la apertura del caso, la Fiscalía Anticorrupción señaló que, a partir de 2021, el SAS comenzó a contratar a dedo una "inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas", pese a que, en su opinión, estos servicios "debieren prestarse por la sanidad pública".

Ese mismo año, el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, dio instrucción al resto de consejerías para que cesaran los contratos de emergencia. Sin embargo, el SAS siguió contratando por esta vía hasta 2024.

En mayo, la causa se vio ampliada y el juez solicitó en una providencia a la que tuvo acceso a El Correo de Andalucía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE como acusación particular, una nueva ampliación de la documentación reclamada al Gobierno andaluz que justificara todos los contratos, las cuantías, prórrogas y las empresas elegidas entre 2020 y 2024.

Concretamente, hizo hincapié por primera vez en requerir la documentación relacionada con las obras contratadas por la vía de emergencia para la finalización del Hospital Militar.

Hace unos meses, Podemos, tal y como le solicitó el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, formalizó una querella para personarse como acusación popular. La formación morada presentó una querella contra la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, y Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, exdirectivos del SAS, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y pidió sus declaraciones en calidad de investigados. Tras el trámite y la admisión por parte del instructor, Podemos se ha convertido en nueva acusación popular en este caso.