Palmete se levanta contra el desahucio de once familias con nueve menores a su cargo

En la calle Verdad, número 54, en la barriada de Palmete, once familias con nueve menores a su cargo temen que, de un momento a otro, puedan quedarse en la calle. La situación se ha recrudecido en los últimos días en este bloque de VPO, después de la notificación recibida por parte del juzgado en la que se hacía constar que las alegaciones no son tenidas en cuenta por el Juzgado de Instrucción nº 8, según ha señalado la plataforma Barrios Hartos en un comunicado.

El día 5 de diciembre podrían enfrentarse a su desahucio, aunque, en la reunión mantenida este viernes con Emvisesa- que ha actuado de mediadora frente al desalojo-, el Banco Santander ha informado de que el día 20 de noviembre se solicitó la suspensión del lanzamiento de las 11 familias residentes, por el plazo máximo legal (60 días hábiles), comprometiéndose además la entidad "a solicitar una ampliación de dicho plazo en caso de que resultara necesario".

"Tenemos contratos en vigor"

"Somos las familias de la calle Verdad a las que el Banco Santander quiere desalojar. Está circulando el rumor —no sabemos a través de quién— de que somos ocupas y que por eso nos quieren echar a la calle. Por ello queremos informaros de primera mano de la realidad", señalaban hace unos días a través de otro comunicado difundido por la plataforma.

Según aseguran en el escrito, hace años firmaron un contrato de alquiler con opción a compra con la persona que construyó el edificio, quien "dejó de pagar ciertas obligaciones, algo que conocimos cuando el Juzgado nos ordenó ingresar nuestro alquiler en una cuenta judicial. Poco después nos informaron de que el edificio había pasado a manos del Santander (Altamira) y que debíamos ingresar los pagos en otra cuenta… que terminó siendo cerrada. Desde entonces no recibimos más instrucciones, y cuando intentamos contactar nos dijeron que ellos “no alquilaban”", afirman.

"Tenemos contratos en vigor, que en ningún momento han sido cancelados", han sentenciado, al tiempo que han asegurado que pagan todas sus facturas de luz y agua. "Y ahora nos dicen que debemos marcharnos, sin diálogo y sin negociación, por un pleito con el que nada tenemos que ver", se han lamentado.

Mediación de Emvisesa

En el comunicado lanzado por Emvisesa tras el encuentro mantenido con el Banco Santander, la empresa municipal de vivienda ha subrayado que, "atendiendo al interés común de las partes en encontrar una solución habitacional adecuada para las familias afectadas, Emvisesa, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), ha solicitado la documentación pertinente con el fin de analizar individualmente la situación de cada unidad familiar y poder proponer una solución habitacional definitiva".

Los vecinos afectados recelan de la empresa municipal. "Según informan desde Emvisesa, el Santander “le ha dicho” que están dispuestos a aplazar 60 días el lanzamiento, y a negociar su postergación adicional si hiciera falta. La verdad es que a esta hora, los principales afectados no hemos sido notificados. Incluso la misma mañana de ayer, 21 de noviembre, se personó personal del Juzgado en nuestro edificio para notificar a los vecinos que las alegaciones no son tenidas en cuenta por el Juzgado de Instrucción nº 8", han argumentado. "El Juzgado, que es quien tiene la potestad, sigue en las suyas", advierten.