Vox eleva el precio del acuerdo presupuestario de Sevilla: pide expulsar a los inmigrantes ilegales del padrón

"El Gobierno local no cuenta en estos momentos con nuestro sí para los presupuestos". Cristina Peláez, portavoz de Vox en Sevilla, niega tener un acuerdo con el PP para la aprobación de sus cuentas municipales de 2026, que se votarán este viernes 19 de diciembre en un pleno extraordinario. Aunque el alcalde, José Luis Sanz, dio su visto bueno este lunes en la Comisión de Hacienda a 16 de las 18 enmiendas presentadas por Vox, de manera que se han incorporado al texto definitivo la gran mayoría de sus propuestas, la formación de Peláez ha puesto sobre la mesa de la negociación dos líneas rojas dentro de un documento de medidas que se está elaborando en la línea del firmado para este 2025. Se exige que los inmigrantes ilegales se queden fuera del padrón municipal y que se deje de multar en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.

Peláez ha reconocido estar "satisfechos" con que el PP aprobara sus enmiendas casi en su totalidad, pero "no del todo". "En cualquier negociación hay que ser generosos, hay que ceder todas las partes, y entendemos que haya sido así, pero no significa que vayamos a votar que sí", ha añadido. Una de esas líneas rojas por resolver es la exclusión en el padrón de los inmigrantes ilegales: "No queremos que la inmigración ilegal pueda acceder al padrón y estamos poniendo encima de la mesa que se refuercen los protocolos de identificación y domiciliación para que sea más efectivo y no tengan cabida".

Para Vox, este reforzamiento del padrón es necesario para que "se pueda comprobar la domiciliación mejor que hasta ahora. Sabemos que ahora mismo no se está comprobando bien y queremos un reforzamiento especial en ese sentido". Este punto, según el grupo municipal, se está negociando para poder decidir el sentido del voto para lo cual necesitan "un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días".

En España, las personas inmigrantes en situación irregular pueden empadronarse en el ayuntamiento de la ciudad en la que viven. Este derecho les permite acceder a ayudas y otros servicios sociales. Vox ha hecho ya esta reclamación a nivel nacional y en otras provincias. En febrero, e diputado de Vox por Badajoz, Ignacio Hoces, defendió la proposición de ley presentada por su grupo parlamentario para modificar la Ley de Bases del Régimen Local a los efectos de cambiar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal. En octubre, la Diputación de Valencia aprobó una moción de Vox que reclamaba apoyo y asistencia a los municipios de la provincia para abordar "la problemática de los empadronamientos ilegales".

Adiós a las multas en la ZBE de La Cartuja

Otra de las condiciones de Vox es retirar las multas puestas por las cámaras de vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja, que como ya informó El Correo de Andalucía en su primer año en vigor han sancionado a 18.677 vehículos que han accedido a las áreas Cartuja Norte y Cartuja Sur sin el distintivo medioambiental que se exige para entrar. "Queremos que se desactive la Zona de Bajas Emisiones. Llevamos mucho tiempo intentando perseguirlo y esta vez lo hemos puesto encima de la mesa de la negociación para que quede sin efecto", ha analizado Cristina Peláez.

La portavoz de Vox ha criticado que "están atacando precisamente a las clases trabajadoras, a familias de clases menos pudientes que no pueden comprarse un coche de alta gama o de ultima generación ecológicos". El grupo municipal no busca la derogación en sí, sino "dejar de poner multas, no hay nada que lo justifique, no existen unos límites de polución que justifiquen que esas cámaras estén conectadas". "Simplemente vamos a desconectar las cámaras mientras no tengamos niveles de polución que justifiquen que estén conectadas. No hay complicación, es todo voluntad política y se puede hacer perfectamente. Se está aplicando de forma injusta, deriva del fanatismo climático que empobrece a las clases trabajadoras diariamente", ha proseguido Peláez.

Vox asegura que La Cartuja es la zona de Sevilla con "menos contaminación" y "es precisamente donde se están multando a las personas", por lo que razona que si los niveles subieran se podrían activar las cámaras por un decreto de alcaldía e informando a los sevillanos, para de nuevo desactivarlas cuando los niveles de contaminación se encuentren por debajo del límite establecido.

"Estamos negociando. Hasta que no termine esa negociación, Vox no se compromete a votar que sí a los presupuestos", ha sentenciado Peláez, después de darse la mano con el PP este lunes en la mayoría de enmiendas. Las partidas que se ven más perjudicadas son aquellas destinadas a la cooperación al desarrollo, que quedan totalmente desmanteladas. En concreto, la partida destinada a la cooperación para el desarrollo pasaba de dos millones de euros a 1,4 millones, con un recorte de 579.548,07 euros.