Sevilla
PP y Vox firman en Sevilla su primer gran acuerdo tras las elecciones extremeñas para sacar adelante el presupuesto
José Luis Sanz pacta con la líder de Vox la aprobación del presupuesto al acordar nuevas medidas como una revisión del sistema de control de accesos con multas a la zona de bajas emisiones de Cartuja

Rocío Peláez, portavoz municipal de Vox, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la entrega del proyecto de Presupuestos 2026. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Los presupuestos 2026 de Sevilla se tendrían que haber debatido el viernes pasado. Pero había elecciones en Extremadura, y la posibilidad de Vox para ser llave en el Gobierno autonómico podía hacerle ganar peso en ambas negociaciones (como así ha sido). Mejor esperar y posponer el Pleno al martes. Después de alcanzar un acuerdo en torno a las enmiendas al presupuesto se pusieron sobre la mesa, dos nuevas exigencias por parte de la formación de ultraderecha: acabar con las multas en La Cartuja y no aceptar inmigrantes en situación irregular en el padrón.
Finalmente, se ha alcanzado un acuerdo. El modelo es similar al del año 2025: incluir los presupuestos en un pacto más amplio que abarque también temas ajenos a las cuentas municipales que se ha estado negociando durante toda la jornada del lunes y que finalmente se sellará este martes. Sólo 48 horas después de las elecciones extremeñas que han abierto un nuevo ciclo electoral y en las que se ha consolidado la tendencia al alza de Vox ambas formaciones sellarán en Sevilla su primer gran acuerdo nacional.
De las dos últimas peticiones de Vox, ha habido acercamiento entre las partes en la petición de suprimir las sanciones de tráfico en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja. "Llevamos mucho tiempo detrás y esta vez lo hemos puesto en la negociación. Simplemente vamos a desconectar las cámaras de vigilancia mientras no tengamos niveles de polución que justifiquen su funcionamiento", argumentó Cristina Peláez, portavoz de Vox en Sevilla. Una medida que los populares sí ven más factible de aplicar.
En cambio hay poco margen legal en la otra reclamación: dejar fuera del padrón municipal a migrantes sin permiso de residencia. "No queremos que la inmigración ilegal pueda acceder al padrón. Pedimos que se refuercen los protocolos de identificación y domiciliación para que sea más efectivo y no tengan cabida", afirmó Peláez al respecto. Sin embargo, esta circunstancia se rige por leyes estatales, no por ordenanzas municipales.
Es decir: el Ayuntamiento es el encargado de confeccionarlo, pero la normativa de quién puede entrar o no se establece a nivel nacional. La Ley 7/1985, por ejemplo, dispone que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", sin distinguir entre migrantes y no. De hecho, el artículo 16 establece que los extranjeros sin autorización de residencia de larga duración simplemente tienen que renovarlo "cada dos años". No obstante, el documento final hará referencia a esta petición y se incorporará una revisión del funcionamiento del padrón.
El pacto final incluye además otros aspectos que han sido acordados y que están al margen del propio documento presupuestario tal y como ocurrió en 2024 con el presupuesto de este año.
Casi todas las enmiendas de Vox, aceptadas
Antes de esta última negociación, Vox presentó sus enmiendas al presupuesto diseñado por el Gobierno de Sanz para el año que viene. Y de las 18 propuestas que planteó el partido de extrema derecha, los populares aceptaron 15. Solo rechazaron aquellas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+, la violencia de género y los sindicatos.
Las partidas que se han visto más perjudicadas son aquellas destinadas a la cooperación al desarrollo, que han quedado totalmente desmanteladas.Vox llevaba desde el mes de agosto avisando de que no había podido "meterle mano" a este dinero. De hecho, antes siquiera de escuchar las exigencias del grupo de Cristina Peláez, la delegación de Hacienda ya presentó unos presupuestos con recortes de casi 600.000 euros las ayudas a países pobres con respecto al año anterior.
Y no solo las partidas en esta materia: las políticas de igualdad también están entre las principales perjudicadas por el acuerdos entre ambas formaciones conservadoras. En concreto, la inversión se reduce en 692.000 euros para financiar desde ayudas al emprendimiento juvenil en el sector del arte sacro hasta actividades culturales por el día de San Fernando y la Inmaculada.
Asimismo, las medidas de ayuda a la maternidad centraron el listado de proposiciones de Vox y aceptadas por los populares. Sin embargo, Sanz evitó retirar 40.000 destinados a ATA para esta materia. En su lugar, el regidor municipal planteó transportar fondos de trabajo realizados por empresas y profesionales del Servicio de la Mujer, en el programa del Plan de Igualdad de oportunidades.
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