Condenadas en Sevilla tres trabajadoras de un prostíbulo por estafar a clientes drogados

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a tres trabajadoras de una sala de la capital andaluza en la que, según recoge la sentencia, "se ejercía la prostitución por un número indeterminado y rotatorio de mujeres". Las condenadas realizaban cargos no autorizados en las tarjetas bancarias de clientes que se encontraban en un estado de "semiinconsciencia a causa de sustancias indeterminadas que previamente hubieran ingerido".

De acuerdo con los hechos probados, los cargos se efectuaban tras obtener el PIN de las tarjetas gracias a los pagos previos que se habían realizado voluntariamente por los perjudicados, cuando estos habían solicitado los servicios de alguna de las mujeres que trabajaban en el local.

No obstante, el tribunal ha absuelto a las acusadas de un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, así como de otro de robo con violencia. Según expuso el fiscal durante la vista oral, "no consta quién fue el responsable de administrar presuntamente sustancias indeterminadas a los afectados" ni que dichas sustancias "estuviesen destinadas al tráfico ilícito", tal y como se recogía en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, consultado por Europa Press.

Tras la negociación entre las partes, las tres procesadas mostraron su conformidad con la pena impuesta. Para alcanzar este acuerdo, se tuvo en cuenta la aplicación de una atenuante cualificada de dilaciones indebidas, al haberse detectado un retraso en la celebración del procedimiento "que no se han circunstancias relacionadas con las investigadas", según señaló el Ministerio Público.

Además de la pena de prisión, la Audiencia ha fijado que las condenadas deberán indemnizar a los afectados en concepto de responsabilidad civil con cantidades que alcanzan "hasta algo más de 7.000 euros", compromiso que asumieron todas ellas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, los hechos se produjeron en distintos momentos de los años 2012 y 2013, siguiendo un patrón similar. Las acusadas, una vez con las tarjetas "en su poder" y cuando los clientes se encontraban en muchos casos en estado de "semiinconsciencia" tras haber ingerido bebidas en las que se habían vertido "sustancias indeterminadas", intentaban realizar "diversos cargos" sin consentimiento previo, por importes que oscilaban entre 1.000 y 7.000 euros.

Los afectados detectaban días después que sus tarjetas presentaban "cargos no autorizados". En algunos casos, los individuos eran "localizados por sus familias en un estado de desorientación" y, tras los análisis practicados, se llegó a hallar en uno de ellos restos de "alprazolam, ibuprofeno, cocaína y MDMA".