Sólo once municipios de Sevilla se resisten al fenómeno de las viviendas turísticas: estas son las poblaciones que no ofertan ni un solo piso

La provincia de Sevilla cuenta con municipios libres de viviendas turísticas. Frente al auge de este tipo de alojamientos en la capital hispalense, que ya supera las 7.000 viviendas en total, hay 11 municipios de la provincia donde se resisten a llegar por el momento, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

Estas localidades, suponen aproximadamente el 10% del total de la provincia de Sevilla, y se encuentran en diversos enclaves geográficos desde la Sierra Norte, la Sierra Sur o la Campiña sevillana. Se trata de Alcolea del Río, Coripe, Herrera, Lantejuela, El Madroño, Marinaleda, Martín de la Jara, El Palmar de Troya, El Saucejo, Castilleja del Campo y Las Navas de la Concepción.

Además, hay otros ocho municipios que tan solo cuentan con una única vivienda turística en todo el término municipal: Aznalcóllar, Los Corrales, Lora de Estepa, Los Morales, Pruna, Aguadulce, La Roda de Andalucía y El Rubio.

El número de viviendas turísticas en Sevilla se modera

Los últimos datos arrojados por el INE, los correspondientes a noviembre de 2025, dejan un total de 8.481 viviendas de uso turístico en la provincia de Sevilla. Las localidades con mayor número de viviendas en toda la provincia son Sevilla capital (7.087), seguida de Carmona (108) y Dos Hermanas (106).

Este dato supone una bajada de 238 viviendas, respecto a mayo de ese mismo año, cuando alcanzó su máximo histórico al recabar un total de 8.719. Sin embargo, la cifra de viviendas turísticas en la provincia de Sevilla se sitúa por encima de las 8.000 desde agosto de 2024.

Nuevo marco legal para incrementar sanciones

Andalucía cuenta desde principios de año con un nuevo marco legal que le permite reforzar las inspecciones e incrementar las sanciones para combatir cualquier tipo de actividad turística ilegal. El Consejo de Gobierno dio luz verde en diciembre al nuevo proyecto de Ley de Turismo Sostenible.

Las sanciones se dividen ahora en tres categorías y pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.

Además, esta nueva ley habilita a los ayuntamientos para elaborar un "plan de ordenación de los recursos turísticos" un concepto amplio que permite delimitar zonas y ámbitos turísticos, identificar necesidades de infraestructuras o servicios y, sobre todo, establecer una capacidad máxima de plazas de alojamiento que podrá desagregarse por zonas o tipos de servicios.