El juzgado del caso Rafa Pineda amplía su investigación por la venta de la parcela de Emvisesa: los detenidos pasan a disposición judicial

El gobierno municipal de Sevilla ha transmitido este miércoles máxima "tranquilidad" y "colaboración" con la Justicia tras las detenciones de Rafael Pineda, su esposa, Olga Pérez, y otras tres personas por la Guardia Civil este martes durante un operativo de la UCO que investiga la venta de la parcela del Higuerón por parte de Emvisesa a la mujer del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno. Entre los otros tres detenidos está el trabajador de Emvisesa que recibió un pago tras la compraventa de la parcela.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido en una atención a los medios de comunicación que se le ha transmitido a la jueza del caso que "Emvisesa es la principal perjudicada" y desde la empresa municipal de vivienda se quiere "esclarecer" lo sucedido porque "es bochornoso" que haya cinco detenidos. De momento, según ha actualizado el concejal popular, "cuando la UCO entra en Emvisesa lo primero que se llevan son las actas de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021", y más recientemente la providencia ha pedido las actas del 2023 y 2024. "Se las hemos dado, somos los primeros interesados en aclarar esto", ha continuado De la Rosa. Es decir, actas de los gobiernos del PSOE y del PP.

La primera parte de las actas solicitadas se corresponde con la operación de arrendamiento de la parcela que se acordó en la etapa de gobierno socialista mientras que la última providencia, fechada este mismo mes de febrero, amplía las indagaciones a los acuerdos correspondientes a la operación de venta, ya con el gobierno de José Luis Sanz. "Hemos sido transparentes y hemos sido contundentes. El origen de todo es la operación de arrendamiento", apuntó el delegado de Urbanismo y responsable de Emvisesa.

La empresa municipal de vivienda, además, ha entrado en un pulso con la defensa de Rafael Pineda, que ha pedido su expulsión de la causa como parte perjudicada. Inicialmente el Juzgado ha admitido la petición del ex gerente de Lipasam aunque se han presentado alegaciones que aún tienen que ser dirimidas.

Por otro lado, De la Rosa ha asegurado que se está realizando una auditoría de "todas las operaciones comerciales de Emvisesa de suelo de los últimos ocho años". Un proceso que ha calificado como "complejo", al mismo tiempo que ha defendido la gestión del actual Ayuntamiento sobre la empresa. "La situación de Emvisesa al entrar al gobierno es crítica y estamos realizando acciones para sanear la empresa", ha destacado.

¿Qué se investiga en el caso Rafael Pineda?

Los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han pasado este miércoles a disposición judicial. Entre los arrestados en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo este martes, se encuentra Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista, y un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

El último informe conocido de la UCO sobre este caso exponía que Olga Pérez compró los terrenos que tenía arrendados en Pino Montano por 1,7 millones de euros y los vendió cinco meses después por 3,9 millones de euros. Es decir, ganó 2,2 millones de euros en tan solo unos meses con una parcela que había salido a venta en anteriores ocasiones y siempre había quedado desierta.

Pérez arrendó la parcela en 2017 por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento la parcela se subarrendó a dos empresas, Petronieve y Megafood, que montaron en este espacio una estación de servicio y los locales de comida rápida, respectivamente. Esto hizo que saliera varias veces a la venta y la compra quedara desierta. El terreno perdió valor y por eso se tasó en menos de dos millones en última instancia siendo su valor mayor. La compradora vendió los terrenos por 2,2 millones de euros más a los pocos meses.

La UCO apuntó en su anterior informe que la empresa de Pérez repartió los beneficios de la operación entre ella y su marido, sus dos anteriores socios y otras personas. Los agentes del Instituto Armado señalan que entre estas últimas se le envió un pago de 78.000 euros desde la empresa matriz a una empresa del jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa. El trabajador fue despedido por el Ayuntamiento de Sevilla.

Esta investigación parte a raíz de unas investigaciones realizadas en un caso diferente por blanqueo de capitales relacionadas con el narcotráfico. La Guardia Civil desmanteló en enero del pasado año una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes del narcotráfico en el Aljarafe sevillano. Fue el hilo de aquella operación, que se saldó con la detención de 22 personas tras el supuesto lavado de 11 millones de euros, la que puso en el foco el entramado por la compraventa de la parcela.