El juez ordena el ingreso en prisión del administrador de fincas acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea

Mascarilla, sudadera roja con capucha puesta y con una leve cojera. Así ha llegado a declarar ante la plaza 8 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla José Manuel M. L. V., el administrador de fincas acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea. Tras llegar en torno a las 11.40 a los Juzgados del Prado de San Sebastián, se ha acogido a su derecho a no declarar y la jueza ha decretado su ingreso en prisión provisional, tal y como solicitó la Fiscalía.

El varón permaneció cabizbajo esperando a entrar en la declaración ante la jueza. Después, fue esposado de nuevo y acompañado por la Policía Nacional hasta los calabozos del juzgado a la espera de su entrada en prisión.

El Ministerio Público solicitó su entrada en la cárcel, algo a lo que se opuso su defensa. Según fuentes presentes en la declaración, el letrado del acusado solicitó su libertad provisional por su estado de salud, al encontrarse pendiente de una operación y no encontrarse en buen estado psicológico. Cierto es que el varón mostraba un aspecto deteriorado y llegó cojeando.

Este proceso es paralelo al ya abierto por la Sección de Instrucción (p.13) del Tribunal de Instancia de Sevilla que lo ha citado para declarar el próximo 10 de marzo como posible autor de un delito de estafa. Este primer proceso judicial se abrió tras la denuncia presentada por Óliver Cáceres, letrado de un bloque de pisos del Tiro de Línea.

Sebastián Marqués García también ha presentado denuncias como representante legal de otras siete comunidades de Pino Montano. De hecho, este letrado presentará hoy las denuncias de un par de estas comunidades.

En total, se calcula el dinero defraudado entre 800.000 y un millón de euros entre todas las comunidades conocidas. El modus operandi siempre era el mismo, según las denuncias presentadas. El administrador solicitaba créditos a Bankinter en nombre de la comunidad que luego dejaba de pagar y llegaban los requerimientos a las comunidades que administraba. La denuncia presentada por el letrado Óliver Cáceres apunta que el préstamo "lo solicita él sin autorización ni acuerdo en ningún caso de la Comunidad de Propietarios". El acusado llevaba trabajando para esta comunidad 10 años, aunque en otras el tiempo de trabajo ha llegado a alcanzar los 17 años. Tal es así que, en algunos casos, la relación entre los propietarios y el administrador rozaba la amistad.