Victoria vecinal en San Juan: el Pleno municipal pide paralizar la construcción de la gasolinera

La construcción de la gasolinera que se ubicará a 15 metros de 150 viviendas en San Juan de Aznalfarache podría paralizarse. Este martes, el Ayuntamiento celebró un Pleno monográfico y extraordinario para abordar una situación que ha generado un profundo malestar entre los vecinos de la barriada de Valparaíso, que rechazan la instalación de una estación de servicio a escasos metros de sus casas. Tras casi tres horas de debate, la Corporación municipal adoptó varios acuerdos, entre ellos instar a la paralización de las obras, una propuesta ante la que el PP optó por la abstención y sus compañeros de coalición, Cambia San Juan, votaron a favor. Al término del Pleno, los populares decidieron romper el pacto de coalición por "desleatades".

El pasado mes de enero, El Correo de Andalucía ya se hacía eco de la preocupación vecinal en esta barriada sevillana. Entonces, los residentes acababan de descubrir que en el solar contiguo al McDonald’s de la calle Ámsterdam habían comenzado los trabajos para levantar una gasolinera low cost, abierta 24 horas. La promotora, Petroprix, sumaría así la tercera estación de servicio en la zona, donde ya existen otras dos a apenas 50 y 100 metros de las viviendas.

Durante la sesión plenaria se pusieron sobre la mesa los posibles riesgos asociados a la nueva instalación. Los vecinos alertaron del impacto en la seguridad, al tratarse de un espacio destinado al almacenamiento de combustible y, por tanto, susceptible de incendios o explosiones. También expresaron su inquietud por las posibles afecciones a la salud derivadas de vapores y emisiones contaminantes, tanto en el aire como en el agua. Como precedente, citan la polémica gasolinera de la barriada del Guadalquivir, en Coria del Río, donde los residentes mantienen desde hace años una intensa batalla para demostrar los efectos de la exposición a gases tóxicos.

Asimismo, advirtieron del previsible aumento del tráfico rodado en una zona ya tensionada, con el consiguiente perjuicio para el descanso vecinal. En el plano medioambiental, temen posibles fugas que puedan contaminar el suelo y el entorno. “Hay un informe técnico de la Junta de Andalucía que advierte de que también podría afectar al río, y eso es muy importante”, subrayó la concejala de Podemos-IU, Blanca Montero, en su primera intervención durante el Pleno.

Con este escenario, el Pleno abordó las posibles vías legales para retrotraer el expediente a una fase inicial y, al mismo tiempo, acordar la paralización cautelar de las obras. El delegado de Planificación Urbana, Carlos Leo, advirtió de que para dar ese paso “es imprescindible contar con informes técnicos y jurídicos que lo respalden”, aunque expresó la voluntad del equipo de gobierno de explorar todas las opciones que permitan atender la demanda vecinal. No obstante, cabe tener en cuenta que la suspensión de la construcción no responde a una decisión política, sino estrictamente jurídica, supeditada a lo que determine la legalidad vigente.

Los vecinos han logrado concitar el respaldo de todos los grupos municipales —Vox, PSOE, Cambia San Juan y Podemos-IU—, con la única abstención del PP. Además, el conflicto ya ha llegado al Defensor del Pueblo Andaluz, que, según trasladan los residentes a este periódico, solicitará el expediente completo de la gasolinera para su revisión.

La revisión de oficio, clave del conflicto

El principal acuerdo adoptado el martes por mayoría fue instar a la paralización de las obras. El argumento central, según explica Ignacio Rufino, abogado y vecino de Valparaíso, es que los residentes han quedado al margen del procedimiento administrativo, sin posibilidad de personarse ni presentar alegaciones.

“En términos jurídicos, solo podemos formular alegaciones si somos colindantes o interesados. No se nos considera colindantes pese a estar a 15 metros de la estación, pero sí somos interesados porque la actividad nos afecta directamente. Hace un año deberían habernos informado y permitido alegar, según nuestro criterio, que no coincide con el del Ayuntamiento”, sostiene Rufino.

Los vecinos denuncian así una “irregularidad material importante” al entender que se han vulnerado sus derechos de participación en el expediente. Por ello, reclaman la nulidad del procedimiento y la adopción de medidas cautelares que frenen el avance de las obras. “Consideramos que el trámite está mal hecho. Si no se actúa, Petroprix podría estar funcionando en menos de dos meses y eso nos ha obligado a acudir a los tribunales”, advierte el letrado.

El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo de entre 24 y 48 horas para dictar una resolución que dé cumplimiento a los acuerdos plenarios. De no producirse ningún movimiento, los vecinos anuncian que instarán formalmente a la Consistorio a ejecutar lo aprobado para poder acudir al juzgado y forzar su cumplimiento por la vía judicial.

Esta primera victoria vecinal es, sin embargo, solo un primer paso de un largo proceso que depende estrictamente del ámbito jurídico. "Sabemos que esto es muy dificil, San Juan tiene un sistema normativo obsoleto. Pedimos que se revise el expediente para que esta situación no se vuelva a repetir. Por ejemplo, en Sevilla capital hay una normativa que no permite construir gasolineras a menos de 50 metros de los edificios", sentencia Rufino. Ahora, los vecinos tienen planeadas próximas movilizaciones a finales de mes para denunciar ante la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía una situación que les quita el sueño.