De Zahara de los Atunes a Pino Montano: así operaba José Manuel, el administrador de fincas detenido en Sevilla por estafar a vecinos

José Manuel M. L. V. está detenido a la espera de pasar a disposición judicial en Sevilla. La Policía Nacional de Sevilla le apresó este martes por la tarde tras las denuncias de los vecinos de Pino Montano la pasada semana por haber pedido créditos a nombre de las comunidades y no haberlos pagado. Los vecinos de este barrio no son los únicos que conocen a este administrador. Cuando El Correo de Andalucía pregunta por el acusado, al otro lado del teléfono responden: "En mi urbanización en Zahara de los Atunes también hizo lo mismo hace un año". Esta vecina de una urbanización de Atlanterra sufrió algo similar a lo ocurrido en los barrios sevillanos, aunque por el momento prefiere no entrar en detalles.

La oficina de Nuevo Torneo de Lucas&Viedma ha sufrido la rotura de un cristal. En la puerta, un papel avisa: "Estimados clientes, les informamos que esta oficina permanecerá cerrada temporalmente. Les seguiremos atendiendo en nuestra oficina de Tomares de 9.30 a 14 horas". Por la tarde, no hay respuesta a los teléfonos dados. "Disculpen las molestias ocasionadas", finaliza un escrito firmado con el sello del administrador de la empresa, que le define como administrador de fincas y da su número de colegiado.

El escaparate tiene pisos ofertados y presume del premio Andalucía Excelente 2025 entregado por El Suplemento. La semana pasada se podía visitar la entrevista realizada con motivo del premio, este miércoles por la tarde ya había sido borrada. Casi cualquier rastro de la participación estaba eliminado. La entrevista en Youtube tampoco aparece publicada. Sí puede verse al acusado aún en la foto de grupo.

La huella digital propia ha sido también en su práctica totalidad. Aunque aún queda algún perfil visible, la web de la empresa fue eliminada tras conocerse lo ocurrido, al igual que otros perfiles sociales. La web de la empresa investigada en Sevilla tenía un lema que aseguraba: "Ha sido un camino, no siempre fácil, hasta llegar aquí, pero siempre la pasión y el conocimiento de nuestra profesión nos ha hecho conseguir nuestro objetivo principal: la confianza de nuestros clientes".

Entre los pocos registros que sigue habiendo en internet del acusado está un vídeo del Colegio de Administradores de Finca expuesto en Youtube. En él, José Manuel M. L. V. habla de la certificación de la deuda.

La empresa del acusado ofrecía servicios inmobiliarios, además de la ya conocida administración de fincas. "Desde Lucas&Viedma Servicios Inmobiliarios queremos convertirnos en tu empresa de confianza en Sevilla y Cádiz", rezaba la web eliminada. En ambas provincias se ofrecían servicios similares: "Servicios Inmobiliarios, Gestión de Inscripción en el registro de apartamentos turísticos, Gestión de Certificados de Eficiencia Energética (obligatorios para el alquiler y venta), Gestión de Seguros Generales con las mejores aseguradoras, Gestión con diferentes comercializadoras para el suministro de Luz y Gas, Servicios de Administración de Fincas, Constitución de Comunidades de propietarios, Comunicación y convocatoria de Asamblea de Propietarios de Constitución, División Horizontal si fuese necesaria, Diligencia Libro de Actas, Alta modelo 036/037 en la agencia Tributaria, Apertura de Cuenta Bancaria y Contratación de empresas o personal de Servicios".

Entre 800.000 y un millón de euros

El administrador de fincas está a la espera de pasar a disposición judicial. Estas diligencias practicadas por la Policía Nacional son paralelas a las que llevará a cabo la Sección de Instrucción (p.13) del Tribunal de Instancia de Sevilla que lo ha citado para declarar el próximo 10 de marzo como posible autor de un delito de estafa. El proceso judicial se abrió tras la denuncia presentada por Óliver Cáceres, letrado de un bloque de pisos del Tiro de Línea.

Sebastián Marqués García también ha presentado denuncias como representante legal de otras siete comunidades de Pino Montano. Se calcula el dinero defraudado entre 800.000 y un millón de euros entre todas las comunidades conocidas.

El modus operandi siempre era el mismo, según las denuncias presentadas. El administrador solicitaba créditos a Bankinter en nombre de la comunidad que luego dejaba de pagar y llegaban los requerimientos a las comunidades que administraba. La denuncia presentada por el letrado Óliver Cáceres apunta que el préstamo "lo solicita él sin autorización ni acuerdo en ningún caso de la Comunidad de Propietarios". El acusado llevaba trabajando para esta comunidad 10 años.