Victoria vecinal en Palmete: el ayuntamiento compra un edificio para frenar el desahucio de once familias

Once familias de Palmete esquivan el desahucio. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha cerrado este viernes con el Banco Santander la compra del edificio de la calle Verdad, 54 -viviendas de protección oficial privadas-, una operación que, según el Consistorio, permite que los residentes puedan seguir en sus casas “con todas las garantías”.

Las reacciones políticas no han tardado en llegar. La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha valorado “positivamente” el acuerdo, pero ha puesto el foco en la presión vecinal. En una nota remitida por su formación, ha defendido que la solución llega “después de meses de movilización” del barrio, del “trabajo constante” de las familias afectadas, de la implicación de colectivos sociales y del “impulso político realizado desde la oposición”, que llevó a la Junta Municipal de Distrito Cerro-Amate y al Pleno una propuesta para que Emvisesa adquiriera el inmueble, aprobada en ambas instancias.

En noviembre del año pasado, once familias con nueve menores de la barriada de Palmete, recibieron la notificación por parte del juzgado en la que se hacía constar que el día 5 de diciembre podrían enfrentarse a su desahucio después de que el Banco Santander comprara el edificio de VPO. La presión vecinal hizo que Emvisesa actuara como mediadora frente al desalojo. Tras meses de incertidumbre y después de que la empresa municipal se comprometiera a "analizar individualmente la situación de cada unidad familiar y poder proponer una solución habitacional definitiva", la batalla vecinal ha ganado esta lucha.

Desde el Gobierno municipal, el delegado de Urbanismo y presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, ha subrayado que “esta importante actuación ha sido posible gracias al esfuerzo y el trabajo que hemos realizado desde el Gobierno de José Luis Sanz priorizando en todo momento la protección de estas familias”. También ha agradecido “la predisposición y colaboración del Banco Santander”, cuya disposición al acuerdo considera “fundamental” para que la operación haya salido adelante.

El Ayuntamiento presenta la compra como un "hito histórico” para la empresa municipal de vivienda y sostiene que se trata de “la mayor inversión de su trayectoria” con el objetivo de proteger a familias “en situación de especial vulnerabilidad”. Con la adquisición, el edificio pasará a integrarse en el parque público de Emvisesa y se regularizará la situación de las familias.

Según la información facilitada por el Consistorio, las nuevas rentas se ajustarán a los parámetros de vivienda protegida, con alquileres que oscilarán entre los 200 euros para las viviendas de menor superficie y los 250 euros para las de mayor tamaño. Además, el Ayuntamiento ha anunciado que acometerá mejoras integrales para garantizar condiciones “óptimas” de habitabilidad, incluyendo la adecuación de zonas comunes y la puesta en funcionamiento del ascensor.

Podemos insiste en que “la principal victoria hoy es de las familias que no se resignaron a perder sus casas y de un barrio que se organizó para defenderlas”, y subraya que la movilización social fue “determinante” para abrir una salida que, aseguran, hasta hace poco el Gobierno municipal no contemplaba. En esa misma línea, la plataforma Barrios Hartos ha asegurado que las familias “han atravesado un auténtico calvario” y ha denunciado que “desde tribunas públicas se las ha señalado y criminalizado” mientras afrontaban una orden de lanzamiento prevista para el 5 de diciembre. “Durante meses, la respuesta institucional fue el silencio o la resignación”, sostiene el colectivo, que remacha: “Esta victoria demuestra que la lucha sirve”.

Hornillo, por su parte, considera que la incorporación del inmueble al parque público de Emvisesa es “un paso en la dirección correcta”, pero reclama un giro en la política de vivienda municipal: pide que la empresa “deje atrás los capítulos lamentables de venta de VPO a precios desorbitados” y se centre en medidas “valientes” para afrontar la emergencia habitacional. Entre las propuestas que plantea su formación figuran ampliar el parque público de alquiler, prohibir la venta libre de inmuebles construidos con fondos públicos, intervenir precios ante situaciones de especulación y fijar un precio máximo de 140.000 euros para la compra de vivienda protegida.