Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: "El barrio está saturado, no cabemos"

La aprobación de un nuevo bloque de ocho plantas destinado a viviendas protegidas en alquiler en la zona de Miraflores ha puesto en pie de guerra a decenas de vecinos. Los residentes, que forman parte de una comunidad de 500 vecinos, sostienen que este entorno del distrito Macarena se encuentra ya “completamente saturado” y rechazan el proyecto de levantar un nuevo edificio en una parcela que hoy funciona como aparcamiento público y que, aseguran, registra una alta demanda.

Para entender el contexto: tras la entrada en vigor del decreto ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía para adoptar “medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas protegidas en Andalucía”, el Ayuntamiento de Sevilla se ha acogido a esta normativa para impulsar nuevas promociones protegidas en suelos que hasta ahora estaban reservados, por ejemplo, a Servicios de Interés Público y Social (SIPS). En ese marco, a finales de febrero el Consistorio dio luz verde al Estudio de Detalle de la parcela situada en la calle Santa María del Robledo número 2, promovido por la empresa Hacienda Retamar S.A., con el objetivo de hacer posible su desarrollo urbanístico.

Este miércoles, decenas de vecinos se concentraron en esta vía, donde actualmente se ubica un aparcamiento en superficie con más de 120 plazas, para denunciar públicamente la decisión municipal. Cristina Fajardo, portavoz de los afectados por esta futura construcción, convocó al vecindario y a los medios de comunicación en el lugar para denunciar, según sus palabras, la “falta de espacio físico” para asumir un nuevo bloque.

“El barrio está saturado, no cabemos. Nos faltan plazas en los colegios y el ambulatorio está lleno. Van a eliminar una calle donde hay un parking sin tener en cuenta que a día de hoy nos cuesta muchísimo aparcar y podemos estar horas buscando plaza. Van a quitar zonas verdes y vamos a tener callejones oscuros por donde no va a pasar nadie. Aquí el 60% de la población es mayor de 65 años, pero como el alcalde no ha venido a vernos, no lo sabe”, afirmó la portavoz vecinal.

De acuerdo con el Estudio de Detalle, redactado por la sociedad proyectista MLOPEZ ARQUITECTOS S.L.P., la parcela que ha originado la controversia tiene una superficie de 2.600 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad. El documento plantea una construcción que sea “respetuosa con lo preexistente” y que suponga “la menor afección posible”, tanto para los vecinos como para el paisaje urbano, intentando además mantener el arbolado y el espacio ganado para el peatón “en la mayor medida de lo posible”.

Sin embargo, los vecinos, que aseguran haberse visto obligados a contratar a un abogado urbanístico y a analizar con expertos el informe de la construcción, defienden que ese documento está “lleno de incongruencias”.

Edificios con grietas y un viario nuevo

Una de las principales objeciones del vecindario afecta a la seguridad de los edificios colindantes. Durante la concentración de este miércoles, algunos residentes llevaban el informe en la mano y expresaban su temor a que la nueva construcción pueda agravar problemas ya existentes. Fajardo sostiene que varias torres de 14 plantas que dan a esta calle, como las números 6, 8 y 10, sufrieron desperfectos importantes durante la construcción de la última promoción levantada en la zona, situada a unos 50 metros de distancia y, por tanto, más alejada que la ahora proyectada. “Estos edificios tienen grietas y sus estructuras están reforzadas con grapas. En este informe no han hecho ningún estudio sobre su estado a pesar de tener casi 60 años de antigüedad”, denunció la portavoz.

Otra de las quejas vecinales es que la nueva edificación podría afectar a las salidas de emergencia de algunos inmuebles por la escasa distancia entre bloques. “Por ejemplo, en la torre 8 perderíamos dos de las tres salidas de emergencia”, añadió Fajardo.

El informe urbanístico también detalla cómo quedaría reordenada la zona. Conforme a las previsiones del PGOU para este ámbito, se plantea la apertura de la calle Santa María del Robledo al "tráfico rodado como viario secundario", mediante la ejecución de una única calzada de sentido único y tres metros de anchura. De este modo, se mantendría por un lado el acerado ya existente y, por otro, se garantizaría una acera con una anchura mínima de 1,80 metros, conectando así la calle Periodista Filiberto Mira con la calle Santa María de los Reyes.

El documento añade que se prevé una calle de baja velocidad, en la que tanto en el acceso como en la salida se priorizará el paso peatonal frente al tráfico. Para ello, en lugar de rebajar el acerado para los peatones, se elevará la calzada hasta la misma cota, con un acabado diferenciado que permita distinguirla del resto de la acera.

"Para nosotros no es urbanismo, es dejarnos sin vida"

Esa nueva ordenación supondría que entre el edificio existente y el futuro bloque habría una distancia mínima de cinco metros, donde hoy existe una pequeña plazuela utilizada como aparcamiento. Los vecinos subrayan además que las viviendas de las plantas bajas, habitadas en muchos casos por personas mayores que apenas salen a la calle, perderían luz natural.

“Para nosotros no es urbanismo, es dejarnos sin vida, sin salidas y poner en riesgo nuestras viviendas. Encarcelarnos en nuestros hogares y ponerlos en riesgo. Nos quieren echar de nuestras casas, poniéndonos en peligro por la seguridad y por la salud mental de quitarnos la luz, el aire y la vida”, sostuvo Fajardo.

El edificio nuevo tampoco tendrá parking para todos sus inquilinos. El futuro inmueble incluirá un aparcamiento subterráneo para los inquilinos, con una capacidad aproximada de 55 plazas, conforme al convenio urbanístico firmado. No obstante, el propio informe precisa que, "debido a las limitaciones morfológicas y de infraestructuras del ámbito, esa previsión no alcanzaría finalmente las 55 plazas, sino unas 46 aproximadamente". Por ese motivo, también se delimitará una zona de aparcamiento en superficie al final del nuevo viario, junto al espacio libre o zona verde prevista en la ordenación pormenorizada vigente del PGOU.

Cambios en las zonas verdes

En la actualidad, el entorno afectado está rodeado de naranjos, plátanos de sombra, pinos y otros árboles de gran porte que, según relatan los vecinos, alcanzan hasta la altura del quinto piso de los bloques cercanos. Ese paisaje, sostienen, desaparecería con la construcción del nuevo inmueble, dejando a esta parte del barrio sin el espacio verde del que ahora dispone.

Según recoge el Estudio de Detalle, la zona incluida dentro de la clasificación de “Zona Ajardinada” experimentará cambios relevantes tras la edificación. El documento señala que se dotará de permeabilidad al ámbito mediante pavimento permeable y/o suelo vegetal, con el objetivo de replantar o compensar con nuevos ejemplares los árboles que actualmente se encuentran dentro de la parcela dotacional y que resulten incompatibles con la nueva ordenación, al entender que “difícilmente se podrán mantener o integrar con la edificación”. Añade además que esta nueva franja verde permitirá mejorar la dotación de espacios libres en la zona.

Los vecinos, sin embargo, ponen en duda esa previsión. Fajardo insiste en que esa nueva franja verde “no cabe” en este espacio. “A lo mejor la crean en otro barrio, porque aquí no hay espacio”, ironizó. “Además, se van a talar árboles muy antiguos, de copa ancha y como 40 metros de altura. Cuando los talen no los podrán recuperar”, agregó.

Un movimiento vecinal

En apenas unos días, los residentes se han organizado para denunciar de forma conjunta una actuación que, aseguran, afectará de lleno a su calidad de vida. “Claro que queremos que se impulse la vivienda social, hace mucha falta, pero no a costa de hundir a 500 familias”, resume la postura del colectivo.

Los vecinos ya han puesto en marcha una cuenta de Instagram, (barrio_santamariadelaordas_sos), han activado un canal de WhatsApp y estudian nuevas movilizaciones para tratar de frenar una intervención urbanística que, denuncian, ya tiene los planos sobre la mesa.