Juzgan por blanqueo de capitales a un funcionario de la Confederación del Guadalquivir que cobró por la legalización de pozos en Sevilla

El juicio contra un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y su esposa por blanqueo de capitales ha dado comienzo este miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla y terminará este jueves. La Fiscalía les acusa de haber construido "un importante patrimonio inmobiliario" y financiero con "dinero proveniente de una actividad ilegal", superando el acumulado los 2 millones de euros. Cada acusado se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel.

La Fiscalía apunta en su escrito de calificación que el incremento del patrimonio del matrimonio está vinculado "a la realización de actividades delictivas" por parte del acusado desde 1999. En aquel año, el trabajador de la CHG ya fue denunciado por falsear informes de pozo de riego en Écija. De aquel caso salió absuelto, pero se le suspendió de empleo por seis meses.

Ya en 2008, la Fiscalía de Sevilla recibe una denuncia anónima. La misma pone de relieve "actividades ilícitas llevadas a cabo por funcionarios de la CHG". Consistía en "falsedades documentales y manipulación de expedientes a cambio de ingentes cantidades de dinero, que en algunas ocasiones ascendían a 150.000 euros". Los pagadores y beneficiados eran propietarios de fincas rústicas. El papel del acusado era ser el intermediario entre la CHG y los propietarios, según esa denuncia.

El acusado fue condenado en este caso por un delito de cohecho por el Juzgado de Instrucción 2 de Marchena y la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. Sin embargo, el TSJA la revocó por una cuestión técnica. Se aceptó que el acusado pidió 5.000 euros a una persona por retrasar la incoación de un expediente sancionador.

Ya en los años 2014 y 2015, el nombre del acusado vuelve a estar relacionado con un caso similar tras una investigación de la Policía Nacional a instancias de la CHG. Era el cobro de entre 50.000 y 60.000 euros a más de una veintena de propietarios de fincas con pozos ilegales por facilitarles los trámites de regularización.

Según el Ministerio Público, el modus operandi consistía en facilitar documentación falsa para que los empresarios fueran al contencioso administrativo para reclamar el silencio administrativo. En estas fechas (2011 y 2012), se produce el mayor incremento de patrimonio del acusado, pero este caso acaba archivado en 2019 por prescripción.

El acusado es expulsado de la CHG en 2017. El motivo es una falta disciplinaria muy grave consistente en "la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otros".

Poco después, ya en 2018, se toma declaración al hijo de un propietario ya fallecido que le pagó y que reconoce al acusado como la persona que solicitó el soborno. A raíz de aquello, la Policía Nacional entra a registrar la casa del acusado y su mujer.

Un acumulado de millones de euros

La Fiscalía apunta en su escrito al acusado y su mujer como autores de un delito de blanqueo de capitales. "El análisis de los datos financieros y fiscales del matrimonio formado por los acusados en un período que abarca desde el año 2002 hasta el 29 de mayo de 2018 (fecha de la denuncia de fiscalia) permite concluir que los acusados, puestos de común acuerdo y con una clara intención de ocultar el origen ilicito de su riqueza, constituyeron un importante patrimonio inmobiliario y financiero con ganancias procedentes de actividades delictivas llevadas a cabo por el acusado".

En el análisis, se destaca que el acusado trabajó para la CHG desde 1999 hasta 2017. En esos casi 20 años, solo recibió 26.000 euros de ingresos anuales brutos. Su mujer, solo recibió durante cuatro años de 439,77 euros brutos cobrados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

A pesar de ello, el análisis económico destaca que los acusados pasaron de tener dos cuentas en el año 2000 a se titulares en de una decena de productos financieros en el 2018 en diversas entidades. "Había cuentas corrientes, cuentas de valores, cuentas de ahorro y depósitos con un superávit económico-financiero del núcleo familiar en el año 2012 de 750.000 euros, a lo que hay que añadir el afloramiento en ese mismo año de 1.000.000 de euros mediante la Declaración Tributaria Especial ( modelo 750), correspondiendo de esta cantidad 500.000 euros a cada uno de los acusados".

El Ministerio Público relata que es "en el año 2007 cuando comienzan a observarse ingresos considerables en las cuentas bancarias de los acusados, registrando éstas a fecha 31 de diciembre de 2008 un saldo de 256.754 euros, de los cuales 214.441 euros corresponden a la acusada pese a no haber recibido ésta más ingresos que los expuestos provenientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

El mayor flujo de capital y de movimientos bancarios entre las cuentas de los acusados se da en 2012, "así como las amortizaciones de préstamos hipotecarios y de préstamos personales más cuantiosas, realizadas en periodos de tiempo reducidos, sin que contaran los acusados con ingresos declarados que permitieran tales operaciones", destaca la acusación.

El Ministerio Público destaca que "con esta operativa financiera los acusados consiguieron dificultar el seguimiento y control del flujo de dinero ilícito, ascendiendo el patrimonio financiero de los acusados a fecha 26 de abril de 2018, conforme a la información suministrada por el fichero de titularidades financieras, a 533.322,8 euros.

Además, el patrimonio financiero e inmobiliario de los acusados actualmente es el siguiente, según la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA): son titulares de nueve inmuebles libres de cargas, tres vehículos a motor, el 45% de la sociedad AQUA RURAL S.L, dos planes de pensiones con un valor de 115.735,14 euros y 31.773,euros, una cuenta de valores con 300 títulos valorados en 369.415,06 euros y un total de 17 activos financieros valorados en 1.030.307,94 euros, de los que cabe reseñar Bonos del Estado por valor de 998.175 euros. Solo cinco de sus inmuebles están tasados en 914.752,30 euros.