El alcalde de Sevilla renuncia a más privatizaciones como la limpieza de colegios y garantiza que no se perderá empleo público

El Viernes de Dolores ha llegado la paz al Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha sellado esta mañana el acuerdo con los sindicatos sobre la privatización de la limpieza de colegios públicos, poniendo fin así a un conflicto laboral enquistado desde hace meses. Un pacto que también trae compromisos: no externalizar más servicios municipales y garantizar que no se perderá empleo público, tal como ha anunciado el propio Sanz.

"Es un acuerdo importante que contenta a todas las partes", ha afirmado el regidor hispalense este viernes ante los medios de comunicación. "Es una garantía de futuro, porque el Ayuntamiento se compromete a no privatizar ningún otro servicio municipal y al mantenimiento del empleo público. Habrá cero amortizaciones, no se eliminará nignuna plaza de peón en la RPT [relación de puestos de trabajo]".

Asimismo, el pacto también contempla "garantizar los puestos de trabajo ocupados actualmente del personal que presta servicio de limpieza en los colegios", según ha explicado José Luis Sanz. "Y además se va a someter a estudio la remunicipalización de la limpieza en áreas como Igualdad y Servicios Sociales, que está privatizada y no tiene sentido", ha detallado el edil popular. Es decir: traer de vuelta a lo público estos servicios externalizados.

El presidente del comité de empresa, Jorge Menacho, valora "positivamente" la firma de este acuerdo, aunque lo define como "agridulce". "Lo digo así porque por un lado se externaliza la limpieza de los colegios públicos de Sevilla, pero por el otro, este pacto tiene muchos puntos que mejoran esta circunstancia, porque el empleo público sigue estable", ha señalado Menacho en la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido junto al propio alcalde y al delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores.

La coalición sindical mayoritaria se opone al pacto

Pero el entendimiento no ha sido pleno entre todas las partes. De hecho, la coalición sindical mayoritaria -compuesta por el SEM, Sppme y SAB- ha rechazado el acuerdo al considerar que "no es vinculante". "No es exigible en la jurisdicción contencioso-administrativa y, en caso de incumplimiento, los trabajadores estarán completamente desprotegidos frente a las decisiones unilaterales que la Corporación adopte en el futuro con base a sus competencias", justifican en un comunicado.

Por ello, desde esta coalición sindical exigen que el texto firmado "se traslade inmediatamente como propuesta formal a la Mesa General de Negociación". Y también que se emita "un informe de la Dirección General de Recursos Humanos sobre la viabilidad legal de las medidas, y otro de la Intervención General sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente".