Un juzgado anula las bases del mayor proceso de estabilización de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla en 2022 y lo deja en el aire

La plaza 8 de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Sevilla dictó una sentencia el pasado 24 de febrero anulando bases específicas del proceso de estabilización de la plantilla municipal celebrado en 2022 por el Ayuntamiento de Sevilla. Hasta cuatro bases quedan sin efecto. Tres de ellas por “vulnerar los principios de acceso a la función pública”, y que deberán ser redactadas conforme a dichos principios. La última, relacionada con la provisión de plazas de Agente de Desarrollo Local, “en el sentido de exigir únicamente titulación de Derecho o Ciencias Económicas o Empresariales”.

La Junta de Gobierno local decidió el pasado 13 de marzo que recurriría tras un acuerdo del consejo de gobierno alcanzado ese mismo día. Esto ha provocado el enfado de los empleados municipales que se quedaron sin plaza y acudieron a la vía judicial. En este proceso participaron más de 1.000 personas.

Los afectados afirman a El Correo de Andalucía que este recurso es “un atropello”. Señalan que con él se “incumple el acuerdo” alcanzado por el pleno el 28 de mayo de 2024, que aseguraba sobre este caso: “El Ayuntamiento de Sevilla no recurrirá las sentencias desfavorables que los empleados municipales obtengan en los tribunales”. Entienden que es “un atentado contra los principios democráticos”.

“El Ayuntamiento pretende alargar el sufrimiento de estos y estas profesionales y sus familias. Y, además, cargar todas estas infracciones en un futuro a las arcas públicas”, señalan las fuentes de los empleados consultadas por este periódico. El enfado es mayúsculo. “Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla cuenta en la actualidad con más de 1.000 vacantes en su plantilla municipal, dispuestas para ser ocupadas y que están provocando una merma en la calidad de los servicios que presta”, aseguran.

Los trabajadores celebran que “por fin se haya hecho justicia”. Sin embargo, lamentan que se prepare “un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que dicha sentencia no sea aplicada aún y se alargue lo máximo posible”.

La respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento han respondido a este enfado que “los acuerdos plenarios que instan a no recurrir sentencias desfavorables o a ampliar plazas no pueden suplantar ni invalidar la potestad administrativa de la Junta de Gobierno en la configuración técnica de las bases de los concursos”. Entienden en el Consistorio que “la ejecución de esta sentencia trasciende la situación de los trabajadores en su escrito, ya que impacta directamente en la esfera jurídica de una pluralidad de empleados”.

Las razones por las que van a recurrir la sentencia son tres. La primera de ellas es porque desde el Ayuntamiento entienden que el fallo se desprende de lo acordado por otros tribunales. “Si se deja firme se consolidarían criterios que los tribunales han venido rechazando sistemáticamente”.

En segundo lugar, con respecto a la queja de que se recurra en contra de lo acordado en pleno, desde el Consistorio señalan: “El acuerdo plenario solo es de aplicación a las materias que son de competencia del Pleno. En el caso de la sentencia, la resolución recurrida era de la Junta de Gobierno, y por tanto no afectada por el acuerdo, y la Junta de Gobierno es la que ha resuelto la interposición del recurso de apelación”.

Por último, señala que “aunque fuera aplicable”, el “caso concreto que se plantea no está previsto en dicho acuerdo”. Se afirma que al afectar a más funcionarios aparte de los recurrentes, “lo correcto es recurrir”.