Una red de trata esclavizó a un hombre con discapacidad intelectual en Sevilla: "Dormía en un colchón en el suelo dentro de una tienda de campaña"

Una red de trata esclavizó a un ciudadano de nacionalidad rumana con discapacidad intelectual en Sevilla durante tres meses Le trajeron a España ofreciéndole un trabajo, pero nunca le pagaron, le obligaron a dormir en un sofá en medio del pasillo de una casa y también en un colchón en una tienda de campaña colocada en una azotea. Él pidió en varias ocasiones volver a su país, pero sus explotadores, un hombre y una mujer también rumanos, tenían su documentación y se lo negaron. Gracias a una excusa, finalmente logró escapar y denunciar una situación en la que también se encontraban otras personas.

Este caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo 28 de abril. Los dos explotadores están actualmente en prisión provisional acusados de un delito de trata de personas. Según la Fiscalía, habrían traído a varios compatriotas más para trabajar en el campo y se habrían quedado con sus pasaportes, impidiéndoles incluso volver a su país de origen en algún caso.

En su acusación, la Fiscalía señala a un hombre y una mujer como autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y un delito contra los derechos de los trabajadores, pidiendo diez años de prisión para cada uno de ellos por estos hechos. Además, el varón está acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que le piden otros tres años más de cárcel y una multa de 4.320 euros.

"Recogida de patatas en fincas de la comarca"

El escrito de acusación realizado por el Ministerio Público destaca que ambos acusados ofrecieron trabajar a un joven rumano huérfano de padres, que presentaba "un retraso mental leve moderado en el contexto de un gran déficit instructivo (analfabeto), tratándose de una persona con inmadurez emocional". Esto le convertía en una persona "elevadamente influenciable, presentando comportamientos pueriles con tendencia a centrarse en conductas que supongan gratificaciones inmediatas, con escasa capacidad de razonamiento y reflexión, circunstancias fácilmente apreciables a la vista". Según los estudios forenses, la discapacidad hacía que "el mismo sea una persona especialmente vulnerable ante determinadas situaciones sociales, donde precise sopesar ventajas e inconvenientes de sus decisiones más allá de lo inmediato".

La Fiscalía cree que "conocedores de tales déficits intelectivos y con la intención de lucrarse", los acusados le ofrecieron trabajo en el sector agrícola cuando apenas tenía el joven 21 años, en 2019. El varón fue recogido por un familiar de los acusados y trasladados a un domiclio. En la provincia de Sevilla comenzó el hombre "su trabajo en la recogida de patatas por fincas de la comarca, siempre bajo las órdenes y el control de los encartados".

Desde un primer momento, la acusación recalca que "le retuvieron su documentación personal". Además, no le pagaban por las jornadas que realizaba. "Nunca le abonaron salario alguno so pretexto de que habían pagado por él 20.000€". Además, no podía marcharse "hasta que no saldara su deuda".

Durante el tiempo que duró esclavizado, el hombre tuvo que dormir en un sofá colocado en el pasillo de una casa durante un tiempo. Luego fue alojado en la azotea, donde "dormía en un colchón en el suelo, con el único cobijo de una tienda de campaña".

El hombre solicitó volver a su país en varias ocasiones. Todas ellas se le negó. Una noche logró escaparse de la vivienda "con la excusa de ir a tirar la basura", "siendo localizado desorientado y con sintomas de desnutrición el 9 de octubre de 2019 en una venta de Alcalá de Guadaira".

Le dieron de alta como autónomo

"El acusado, prevaliéndose del déficit intelectual de la víctima, con la excusa de regularizar su situación en España, utilizó su documentación personal dándole de alta en la TGSS como autónomo en la actividad de apoyo a la agricultura (circunstancia ésta a la que era ajeno por completo la víctima), figurando de alta cuando menos desde 13 de agosto de 2019 hasta el 10 de octubre de 2019", señala la Fiscalía en su acusación.

Esto lo hacía "con la intención de dotar de apariencia de regularidad contratos temporales en el sector agrario". Concretamente, se gestionaron un total de 32 contrataciones de hasta 22 personas "a las que supuestamente había contratado".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado accedieron el 17 de octubre de 2019 a la vivienda de los acusados. "Se halló, entre otros efectos, documentación personal de la víctima, documentación bancaria a nombre del acusado, documentación correspondiente al viaje de la víctima el 6 de julio de 2019, documentación laboral de varios ciudadanos rumanos y libretas con anotaciones, así como un total de 745€ procedentes de la ilícita actividad".