El Ayuntamiento de Sevilla gastó 15 millones de euros en 200 expedientes sin control previo o con reparos de la Intervención

El Ayuntamiento de Sevilla tramitó en 2025 al menos 211 expedientes por un importe conjunto cercano a los 14,6 millones de euros sin fiscalización previa o con reparos por parte de la Intervención municipal. Y estos cientos de expedientes de gasto, entre ellos el de horas extras de la Policía Local, que finalmente fue aprobado in extremis a finales de año junto al plan de Navidad, serán enviados al Tribunal de Cuentas que determinará si los somete o no a análisis.

Así se recoge en el acuerdo que se llevará al Pleno de este jueves que tomará conocimiento del informe anual de las resoluciones y acuerdos adoptadas por el presidente de la corporación (el alcalde) y el pleno contrarios a los reparos formulados, así como los informes en los que se haya omitido la función interventora. El gobierno municipal subraya, en cualquier caso, que son expedientes "legales" y que se trata de procecimientos habituales en todas las administraciones.

En este informe consultado por El Correo de Andalucía, por un lado figuran 31 expedientes con reparos levantados, que son informes desfavorables de los interventores que fueron finalmente ignorados y que ascienden a un total de 5,3 millones de euros. En este bloque, el patrón es muy homogéneo: casi todos corresponden a gastos de personal, fundamentalmente nóminas, retribuciones e indemnizaciones, con una única excepción vinculada a un contrato de servicios, de algo más de 360.000 euros que fue autorizado por el alcalde, José Luis Sanz, con el informe contrario de la Intervención.

Aunque el volumen más importante se concentra en los expedientes que han sido tramitados sin fiscalización previa, es decir, que no han seguido los controles oportunos. Estos ascienden a alrededor de 180 casos y suman más de 9,2 millones de euros. Aquí el tipo de expediente es muy diferente, ya que predomina de forma abrumadora la contratación pública, sobre todo servicios y suministros, que concentran la mayor parte del dinero. También hay numerosos expedientes de importe reducido, muchos por debajo de los 10.000 euros, si bien el total está muy condicionado por varios contratos de gran cuantía, algunos superiores al medio millón de euros e incluso uno que roza los 1,7 millones.

El Ayuntamiento, a preguntas de este periódico, defiende que sus procedimientos "son siempre absolutamente legales". "Dentro del margen que nos permite la ley, en algunos casos hemos procedido a actuar con reparos de la intervención, una forma de proceder que es absolutamente frecuente en todas las administraciones porque los reparos pueden responder a aspectos puntuales sobre algún requisito legal, que en ningún caso ponen en tela de juicio y legalidad y oportunidad del gasto", aseguran fuentes municipales.

Estas fuentes insisten en que "los gastos son correctos, adecuados y necesarios para el funcionamiento de la ciudad más allá de las cuestiones procedimentales", y "todos los procedimientos se hacen siempre atendiendo escrupulosamente a la legalidad y buscando mejorar la gestión municipal". "Este gobierno, año tras año, trabaja por ir reduciendo cada vez más esa cantidad", añaden.

Luz verde a gastos de personal o contrataciones con reparos o retrasos

En general, según el informe, los datos reflejan que se han registrado incidencias recurrentes en gastos de personal que han acabado aprobándose pese a los reparos técnicos. Y también existe un volumen mucho mayor de contratos tramitados sin el control previo obligatorio, en muchos casos por falta de expediente o retrasos administrativos.

Las entidades afectadas son el Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), el Instituto Municipal de Deportes (IMD), el Consorcio de Turismo, el Patronato del Real Alcázar, y la Agencia Tributaria de Sevilla.

Realmente, este informe ni los demás elaborados por la Intervención General tienen efectos directos sobre los expedientes, ya que este órgano cumple una función de transparencia y control. En este caso concreto, lo que ha hecho es recopilar lo ocurrido durante el año, sin entrar a valorar las decisiones políticas. Y esta aprobación en el pleno es una toma de conocimiento en la que no se corregirá ni revisarán los casos.

Además, toda esta información se remitirá al Tribunal de Cuentas, como órgano supervisor externo, ya que el Ayuntamiento está obligado a enviarle cada año este tipo de informes para que pueda analizar la gestión económica municipal. En la práctica, esto supone que el control efectivo se produce a posteriori, una vez que los gastos ya han sido tramitados y aprobados.

El expediente que se aprobará en el pleno recoge otros aspectos de control interno. Por ejemplo, en 2025 no se concedieron pagos a justificar y los anticipos de caja fija —utilizados para gastos menores— se tramitaron sin informes desfavorables. En materia de ingresos, no se detectan anomalías generales, aunque sí se han identificado tres incidencias concretas en la Gerencia de Urbanismo que serán revisadas posteriormente.

La Intervención ya advirtió del "alarmante" gasto en horas extra de Policía Local

Uno de los puntos calientes de la previa de la Navidad fue la negociación entre el Gobierno de José Luis Sanz y la Policía Local para el pago de las horas extras. Finalmente, el alcalde sacó adelante en diciembre los 4,5 millones de euros necesarios para pagar los pluses a los agentes, gracias al apoyo de Vox.

Antes, la Intervención ya catalogó de "alarmante" el gasto en horas extra de la Policía Local en Sevilla. "En los últimos cinco años, la evolución del gasto referido ha sufrido un crecimiento exponencial, pasando de apenas 10 millones de euros en el 2021 a unos 30 millones en el actual ejercicio", aseguraba. Para la interventora, el aumento de estas productividades era "alarmante" porque "no se le identifica un fin ni temporal ni cuantitativo".

"Los créditos iniciales de 2025 para atender la productividad y gratificaciones de la Policía Local ascendían a 17.367.841,81 euros, es decir, 11.135.718,06 euros más que en 2024", subrayaba este organismo en su informe, fechado en noviembre. No duró mucho este dinero: "La totalidad del crédito presupuestario para estos conceptos se agotó en el mes de abril". Finalmente, pese a este aviso, se llegaron a aprobar esos nuevos pagos para los agentes, un acuerdo que fijó que cobrarían hasta 595 euros por festivo.