Tribunales
La Audiencia de Sevilla condena a dos años de cárcel a los rumanos acusados de traer a compatriotas a España para explotarles en el campo
El tribunal ha advertido a los acusados de que les están dando "una oportunidad" y que han realizado "un gran esfuerzo" por su situación

Un migrante trabaja en el campo andaluz. / Junta de Andalucía
Una pareja rumana ha sido condenada a dos años de cárcel por un delito de trata de seres humanos por la Audiencia de Sevilla. La Sección Primera ha celebrado hoy la vista, con acuerdo de conformidad, y ha emitido una sentencia in voce contra los acusados.
El presidente del tribunal ha advertido a los implicados que el sistema de Justicia les da "una oportunidad" ha realizado un "esfuerzo" muy grande rebajando la pena de los 10 hasta los 2 años debido a, entre otras, sus circunstancias personales, entendiendo que "no se han hecho ricos" con lo realizado, pero haciéndoles ver que han provocado un "perjuicio muy grave" a otras personas. Para la rebaja de la pena se les ha aplicado una atenuante de reparación del daño y otra de dilaciones indebidas, ya que la operación de la Guardia Civil explotó en 2019.
Al varón acusado, además, se le ha aplicado una pena adicional de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores. El delito de falsedad documental del que se les acusaba ha sido penado con una multa.
Se le ha concedido a ambos la suspensión de la pena a cambio del pago de una multa y que no vuelvan a cometer un delito en los próximos años. Ambos acusados estuvieron de acuerdo con la pena y reconocieron los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.La hermana de la acusada se ha prestado como fiadora del pago de la responsabilidad civil.
Cabe recordar que este caso salió a la luz tras la denuncia de un ciudadano de nacionalidad rumana con discapacidad intelectual que logró escaparse de la casa donde vivía. Los acusados le ofrecieron un trabajo en España pero nunca le pagaron, le obligaron a dormir en un sofá en medio del pasillo de una casa y también en un colchón en una tienda de campaña colocada en una azotea. Él pidió en varias ocasiones volver a su país, pero sus explotadores, tenían su documentación y se lo negaron.
Traían a compatriotas para explotarlos en el campo
Según la Fiscalía, habrían traído a varios compatriotas más para trabajar en el campo y se habrían quedado con sus pasaportes, impidiéndoles incluso volver a su país de origen en algún caso.
El escrito de acusación aceptado por los acusados destaca que ambos ofrecieron trabajar a un joven rumano huérfano de padres, que presentaba "un retraso mental leve moderado en el contexto de un gran déficit instructivo (analfabeto), tratándose de una persona con inmadurez emocional". Esto le convertía en una persona "elevadamente influenciable, presentando comportamientos pueriles con tendencia a centrarse en conductas que supongan gratificaciones inmediatas, con escasa capacidad de razonamiento y reflexión, circunstancias fácilmente apreciables a la vista".
Según los estudios forenses, la discapacidad hacía que "el mismo fuera una persona especialmente vulnerable ante determinadas situaciones sociales, donde precise sopesar ventajas e inconvenientes de sus decisiones más allá de lo inmediato".
La Fiscalía apuntó que, "conocedores de tales déficits intelectivos y con la intención de lucrarse", los acusados le ofrecieron trabajo en el sector agrícola cuando apenas tenía el joven 21 años, en 2019. El varón fue recogido por un familiar de los acusados y trasladados a un domiclio. En la provincia de Sevilla comenzó el hombre "su trabajo en la recogida de patatas por fincas de la comarca, siempre bajo las órdenes y el control de los encartados".
Los acusados aceptaron el relato de que "le retuvieron su documentación personal". Además, no le pagaban por las jornadas que realizaba. "Nunca le abonaron salario alguno so pretexto de que habían pagado por él 20.000€". No podía marcharse "hasta que no saldara su deuda".
Durante el tiempo que duró esclavizado, el hombre tuvo que dormir en un sofá colocado en el pasillo de una casa durante un tiempo. Luego fue alojado en la azotea, donde "dormía en un colchón en el suelo, con el único cobijo de una tienda de campaña".
El hombre solicitó volver a su país en varias ocasiones. Todas ellas se le negó. Una noche logró escaparse de la vivienda "con la excusa de ir a tirar la basura", "siendo localizado desorientado y con sintomas de desnutrición el 9 de octubre de 2019 en una venta de Alcalá de Guadaira".
Además, el acusado utilizó su documentación para dar de alta a este hombre en la Seguridad Social como autónomo. No solo lo hizo con esta persona, sino con 21 más.
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