La obra del Puente del Centenario de Sevilla se frena por completo: Acciona solicita la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes

Tras más de dos meses y medio con la obra del puente del Centenario de Sevilla parada, se ha cumplido la previsión avanzada por este periódico: la UTE adjudicataria de la obra, liderada por la Acciona, ha solicitado formalmente la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes. De esta forma, las empresas que iniciaron los trabajos en verano de 2021 se desentienden de la fase final del proyecto tras el rechazo a una modificación del presupuesto asignado al contrato que supera el 20% que establece la ley. Consultada por este periódico, Acciona ha declinado hacer valoraciones sobre esta información.

Esto implica que ahora la continuidad de los trabajos depende de que el Ministerio encuentre una fórmula legal para encargarle por vía de emergencia a otra empresa que retome el proyecto con los actuales cálculos económicos o que se vea forzada a iniciar una revisión y un nuevo proceso de licitación pública. En cualquier caso, la ampliación de esta infraestructura queda ahora sí bloqueada y se abre un escenario de máxima incertidumbre en torno a su finalización.

Formalmente, el origen de esta rescisión es la nueva petición de la UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet para un nuevo incremento del presupuesto que se situó en 86,4 millones de euros en 2021 y que no ha sido aceptado por el Ministerio tras recibir un informe jurídico contrario. Si se sumaba la solicitud a las anteriores realizadas se rebasaba el 20% máximo que establece la ley. Pero, todo este conflicto sobre la continuidad de la obra está muy vinculado a la investigación del caso de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos. Se trata de una de las infraestructuras claves incluidas en la investigación de la UCO por los indicios de cobros de comisiones. Aparece en las grabaciones y en la trama de Servinabar la empresa navarra vinculada al ex secretario de Organización del PSOE. De hecho, todo el expediente de este proyecto ha sido requisado por orden judicial.

Obra de extrema complejidad

La obra del puente del Centenario arrancó en el verano de 2021 precedida de una tramitación por urgencia y de una licitación por parte del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, que está siendo investigada por parte de la UCO y de la Justicia. En total el presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros, una cifra que se fue modificando a lo largo de los años. En la última cifra oficial facilitada por el Ministerio en una respuesta al grupo político Sumar situaba ya la cuantía en 128,7 millones de euros, tras una serie de revisiones, algunas vinculadas a los gastos por el incremento del precio del acero por la guerra de Ucrania.

El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura. Son, en total, más de ochenta nuevos tirantes que se están instalando de forma progresiva y que durante una parte del proceso, la que está en marcha, conviven con los tirantes actuales. Se trata de una obra de enorme complejidad que además se tiene que ejecutar sin restringir la infraestructura a la circulación de vehículos. Estas dificultades se conocían cuando se licitó el proyecto pero se fueron agravando a lo largo del proceso en el que participaron el equipo de ingenieros, los técnicos del Ministerio y las propias empresas.

La última actualización realizada por el Ministerio centró los trabajos en la ampliación del tablero del puente y el desmontaje de elementos auxiliares. Como se puede comprobar de manera visible, estos trabajos se encuentran avanzados, e incluso con más del 80% del presupuesto utilizado entre la cifra inicial y el primer modificado, pero ahora se sufre un parón definitivo. Con el parón de las obras, la UTE adjudicataria ha confirmado al Ministerio su disposición a "asegurar" la situación actual y facilitar la transición. Es decir, evitar un abandono total de los trabajos o retiradas de materiales que pudieran generar problemas de seguridad.

Unos plazos que se han alargado constantemente

En cuanto al tiempo de ejecución, las obras se adjudicaron con un plazo de 27 meses (dos años y medio), de forma que partían con el objetivo de estar culminadas a finales de 2023. Ya han pasado más de dos años desde entonces. Y esa fecha, evidentemente, no se ha cumplido.

En marzo de 2024 la previsión del ministro de Transportes, Óscar Puente, se fue a finales de 2025 o en 2026 "como muy tarde". Pero en 2026 tampoco va a ser porque finalmente el contrato ha sido rescindido y la obra tendrá que pasar por otro proceso de licitación y adjudicación en el que una o varias empresas se encarguen de retomar los trabajos y darle finalización.

Los plazos quedan así completamente anulados y, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas, la obra entra en un punto muerto con posibilidades de quedar durante meses paralizada y sin avanzar.