El Ministerio obligará a Acciona a no parar la obra del Puente del Centenario hasta garantizar la "seguridad": tendrá que finalizar los tirantes y la estructura

La decisión de la UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet de rescindir el contrato para la ampliación de la obra del Puente del Centenario no implicará un abandono de los trabajos o una situación que pueda generar un riesgo para la seguridad. Así lo subraya el Ministerio de Transporte que advierte que las contratistas tienen la obligación de "garantizar la seguridad", mantener unas "condiciones adecuadas" y facilitar la "transición" hacia el nuevo contrato que ya se está tramitando. De hecho, el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, había advertido este jueves de que se podía poner en riesgo la seguridad por la situación en la que quedaban algunos de los tirantes que están siendo sustituidos.

"Resolver un contrato como, en este caso, a petición de la empresa adjudicataria no significa abandonar una obra. El Ministerio debe permitir la tramitación legal de la resolución, pero también exigir que el puente quede seguro, operativo y preparado para la continuidad de los trabajos", apunta el Ministerio de Transporte que advierte que en estos momentos "la prioridad absoluta" es que se garantice la seguridad y que se puedan mantener las condiciones adecuadas de servicio. Concretamente, según el Ministerio, las empresas estarán obligadas a finalizar "la estructura y el atirantado" del puente, trabajos que podrán durar aún varios meses. "La obra no se ha parado ni se va a parar", afirma el secretario de Estado José Antonio Santano.

En este sentido, desde el departamento que dirige Óscar Puente, inciden en que esto es una "obligación legal" del contratista que de acuerdo con la normativa tiene que "adoptar las medidas indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público aunque se tramite la resolución de su contrato": "Que el contratista mantenga la seguridad o facilite la transición no es un favor a la Administración. Es una obligación legal y contractual en una obra pública, especialmente cuando está en juego una infraestructura esencial para Sevilla y para la movilidad metropolitana".

Esto implica, por tanto, que en las empresas adjudicatarias tienen aún trabajo por completar en los próximos meses para dejar las obras en un estado adecuado que facilite la continuidad de los trabajos una vez que se formalice el nuevo contrato en cuya fórmula trabaja el Ministerio. Puede pasar por la vía de emergencia y excepcional, una contratación directa basada en motivos de seguridad e interés público, o por una nueva licitación tomando como base la nueva realidad económica del proyecto.

El Ministerio culpa a las empresas adjudicatarias: "Son las únicas responsables"

La resolución del expediente se ha producido después de que la UTE adjudicataria haya planteado una nueva modificación del contrato que supone un incremento presupuestario y que se ha encontrado con un informe jurídico negativo una vez que se excedía de los máximos legales. Esta petición y el rechazo se han producido después de que la UCO situara esta obra en el centro de la trama de posible cobro de comisiones ilegales por la que se investiga al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos al ex número dos del PSOE Santos Cerdán y al ex asesor Koldo García.

El Ministerio de Óscar Puente, en este sentido, ha defendido "el máximo rigor" en su actuación ante las duras críticas recibidas desde que se hiciera pública la rescisión del contrato. "El Ministerio no ha abandonado la obra ni ha pedido resolver el contrato. Es la UTE adjudicataria la que ha manifestado su disconformidad y ha solicitado la resolución contractual de la ejecución de las obras. Por tanto, es la única responsable de esta situación. La obligación del Ministerio es tramitar esa solicitud conforme a la legislación vigente y cumpliendo la normativa".