La Fiscalía de Sevilla pide tres años de cárcel para una mujer rumana que tenía trabajando en el campo sin contrato a 11 migrantes

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años de cárcel para una mujer que contrató a 11 personas de manera irregular para trabajar en el campo. Además, solicita que se prohiba a la empresa Cultivos Intensivos Agroframe SL en la que fueron dados de alta los migrantes operar durante los próximos cinco años. La empresa de la mujer estaba trabajando para otra empresa, a la que no se ha podido aducir responsabilidad alguna.

El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que los hechos se conocieron después de una visita realizada por la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil a una finca agrícola situada en la carretera de Bollullos-Gerena en octubre de 2020. "Se pudo comprobar cómo en la misma se encontraban trabajando en la recolección de aceituna un total de 11 personas que carecían de la preceptiva alta en la seguridad social". De la misma manera, se pudo saber que siete de ellos "eran ciudadanos extranjeros que también carecían de la correspondiente autorización administrativa para trabajar en España".

La Fiscalía cree que "pese a conocer su situación administrativa, los trabajadores habían sido contratados por un individuo no identificado que actuaba por encargo de la acusada, de nacionalidad rumana y administradora única de la mercantil Cultivos Intensivos Agroframe SL. Esta, a su vez, había sido contratada por otra sociedad para la recogida de aceitunas en la finca antes mencionada, propiedad de una tercera empresa". El Ministerio Público explica en su acusación que "no consta acreditado que estas dos últimas entidades tuvieran conocimiento de las condiciones en que se había producido la contratación".

La Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar estos hechos el próximo 12 de mayo. Será la Sección Tercera la que se encargará del caso.

La solicitud de tres años de prisión

Tanto a la mujer acusada como a su empresa se les acusa de ser responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 311. 3º b) del Código Penal. Este artículo impone penas desde los seis meses hasta los seis años de prisión y multa de seis a doce meses a "los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos del cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien.