Un juez de Sevilla advierte que la doctrina del Constitucional genera "riesgo sistémico" e "impunidad jurídica" en las piezas separadas del caso ERE

El juez José Ignacio Vilaplana, titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha preguntado la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas en la pieza separada del caso ERE relacionada con las ayudas al Grupo Ruiz-Mateos si debe elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El magistrado ha dictado un auto en este sentido después de que algunas de que la defensa de algunos de los investigados hayan pedido la aplicación en esta pieza separada de la doctrina del Constitucional en el conocido como "procedimiento específico" de los ERE, con el fin de evitar que se continúe con el proceso judicial.

El titular del antiguo juzgado de Instrucción 6 de Sevilla expone en su auto que "el archivo de la presente causa derivado de la aplicación extensiva de la doctrina del TC recaída en la causa del denominado “Procedimiento Específico”, en este momento preparatorio del juicio, podría, no sólo generar un riesgo sistémico, sino que de manera efectiva, habría de producir una impunidad jurídica que, en este caso, se extendería a la ilícita y millonaria disposición de fondos y recursos públicos realizada por los responsables y directivos de la Administración y sus colaboradores, aquí investigados".

De la misma manera, señala que se impediría "así la imposición de sanciones efectivas y disuasorias para luchar contra tales infracciones, impidiéndose así la imposición de sanciones efectivas y disuasorias para luchar contra tales infracciones, lo que a su vez atentaría contra la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en materia de tutela a los intereses financieros y lucha contra la corrupción en todo el territorio Europeo".

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la denominada pieza del procedimiento específico. Entre otras, anuló las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La pieza de las ayudas a Ruiz-Mateos

Esta pieza separada investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos relacionados con las ayudas otorgadas entre los años 2001 y 2010 por un montante superior a los 30 millones de euros a varias empresas del Grupo Ruiz-Mateos. El pasado 23 de abril, el instructor dictó un auto en el que acordaba convertir en Procedimiento Abreviado contra un total de 21 investigados.

Las defensas de tres de estos investigados recurrieron el auto en apelación ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. En concreto, la queja fue elevada por Mariano F. G. y los hermanos Francisco Javier y Alfonso R.-M. R.

Tres posibilidades procesales

Tras la pregunta, la primera de las posibilidades procesales que refiere el magistrado (amparada por la jurisprudencia del TJUE) es no aplicar lo expuesto por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y enviar a juicio oral "a todos los acusados respecto de los que se ha constatado la existencia de indicios suficientes de criminalidad, al resultar aquella ejecución contraria al Derecho de la Unión Europea”. La segunda opción es aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional y, en efecto, llevar a cabo el sobreseimiento de la causa como solicita la Audiencia de Sevilla. La tercera opción es elevar una o varias cuestiones prejudiciales al TJUE.