El bloqueo de la tasa de basura y del cobro a empresas de telefonía deja un agujero de 30 millones al año en el Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla incumplió en 2025 los límites en materia de estabilidad presupuestaria. La Intervención General, a través de un expediente consultado por El Correo de Andalucía, señala que el año pasado hubo un desequilibrio entre los ingresos y gastos planificados, tras analizar la liquidación de las cuentas municipales. Como reconoció el propio Gobierno de José Luis Sanz, entre los factores que han motivado ese "incumplimiento de los límites" está la no aprobación por parte de los grupos municipales de la tasa de basura (que por ley estatal los ayuntamientos deben implantar) o la no liquidación de los derechos por la tasa de la telefonía móvil, que puso en marcha en enero de 2024 para que las compañías telefónicas paguen un impuesto por la ocupación del espacio público.

En total son 37 millones de euros los ingresos que el Gobierno local tenía previstos para el ejercicio de 2025 y que finalmente no se produjeron, de manera que fue dinero no recayó en las arcas municipales. "Es falso que la situación económica del Ayuntamiento sea delicada", defendía el delegado de Hacienda, Juan Bueno, aunque reconocía este martes que "sí es cierto que se han superado los límites de la Ley de Estabilidad vigente".

Dentro de ese agujero, destaca la denominada tasa por prestación de servicios específicos ley 7/2022, que el Ayuntamiento de Sevilla estaba obligado a implementar para la gestión de residuos ya en 2025, con el objetivo de cubrir el coste real del servicio (recogida, transporte y tratamiento) bajo el principio "quien contamina paga". Sin embargo, al no haber reunido aún un consenso político a través de plenos ordinarios y haber recibido el visto bueno de todos los grupos municipales, sigue sin establecerse y es sufragada por el Gobierno de Sanz. La previsión era de 19.643.940,22 euros a ingresar, que se han quedado a cero en ejecución.

Por otro lado, está la tasa por utilización de dominio público por parte de las empresas de telefonía móvil. Según este documento, la previsión era de 10.858.659,47 euros, pero también se ha quedado en un grado de ejecución inexistente. Esta tasa establece que las operadoras deben realizar una contribución anual a las cuentas del Ayuntamiento por usar de forma privada suelo, subsuelo o vuelo tanto para instalaciones como dispositivos que faciliten sus comunicaciones.

La nueva tasa de basura de Sevilla sigue sin implantarse

De momento Sevilla sigue sin implantar una tasa de basura, y eso está generando una previsión de ingresos que no termina de llegar. La razón es la falta de acuerdo político. El PP ha intentado que saliera adelante pero no ha contado con los apoyos suficientes de PSOE, Podemos - IU y Vox. La tasa de basura, que suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda, fue retirada del orden del día cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales de este año.

"El punto se ha quitado por la intención de querer llegar a un acuerdo con el resto de grupos. Nosotros no estamos a favor de subir la tasa de residuos, no sé ya cómo decirlo, es una obligación legal", dijo en octubre de 2025 Juan Bueno. "No estamos de acuerdo con la tasa de residuos, ni el cuánto ni en el cómo", afirmó la concejal socialista Sonia Gaya. "No estamos de acuerdo en que se repercuta al ciudadano", selañó la portavoz de Vox, Cristina Peláez. E Ismael Sánchez, por parte de Podemos-IU, apuntó que "se pretendía aprobar una cuota fija a partir de un concepto variable como el consumo de agua y que fuera encima el 80% del cobro, y la parte variable, que debería reflejar realmente la generación de residuos, apenas pesaba un 20%". "Es un sinsentido técnico y político. Si es una ordenanza justa, equilibrada y que se adapte a la ley europea, mi grupo la apoyará", añadió.

Este martes, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, tendía la mano al alcalde. "El Grupo Socialista lleva trabajando en que haya una tasa de residuos, puesto que compartimos la filosofía de dicha legislación. Lo que sí nos parecía que estaba muy lejos de nuestras intenciones era el proyecto que presentó el Gobierno. Por tanto, tendimos la mano al Gobierno. Ha habido un trabajo desarrollado desde el punto de vista técnico y estamos a la espera de que se culmine la propuesta para ver si al final se lleva a pleno y aquí adoptaremos la decisión correspondiente", justificaba el portavoz socialista. "No estábamos de acuerdo con el planteamiento inicial porque nos parecía muy desigual por los distintos barrios y era una mala aplicación de dicha legislación", añadía.

En ingresos, hay tres bloques de residuos en la liquidación: la tasa de basuras/residuos de viviendas, la de locales y la nueva tasa específica Ley 7/2022. Las dos primeras sí generan derechos, pero también se quedan por debajo de previsión: viviendas/locales comerciales con 18,15 millones previstos y 17,75 millones netos; locales con 19,78 millones previstos y 18,55 millones netos; y la nueva Ley 7/2022 con 19,64 millones previstos y cero ejecución. El total deja un defecto de previsión de 21,29 millones.

Además, en gastos, la clave está en Lipasam. El programa de recogida de residuos recibió una modificación de crédito por 19.643.940,22 euros, exactamente la misma cifra que la nueva tasa Ley 7/2022 no ejecutada. Esa transferencia a Lipasam para recogida de residuos pasó de 64,48 millones iniciales a 84,12 millones definitivos, pero las obligaciones reconocidas se quedaron en 64,48 millones y el remanente fue de 19,64 millones.

Un problema enquistado con la tasa de telefonía móvil

"La tasa de telefonía móvil son 10 millones al año, siendo una previsión de ingresos durante tres años. Es decir, 30 millones de euros", denunciaba este martes Muñoz. "¿Cómo se puede presupuestar 10 millones de ingresos, no recaudar ni un euro y al año siguiente volver a presupuestar los 10 millones de euros? Y no se ingresa en ese segundo año ni un euro y hay un tercer año que se vuelve a presupuestar los 10 millones de euros. ¿Se puede ser más ineficaz, puede haber más contradicción, se puede ser más irresponsable?", se preguntaba.

Esta tasa no es nueva y arrastra una hemeroteca de previsiones no cumplidas. La ordenanza fiscal de Sevilla para 2025 define la tasa como una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. En el hecho imponible habla de servicios prestados total o parcialmente a través de recursos de titularidad de las empresas —antenas fijas, microceldas, redes, instalaciones u otros dispositivos— que transcurran por dominio público local.

Sevilla tuvo una ordenanza de telefonía móvil antigua, pero el pleno acordó derogarla con efectos de 1 de enero de 2014. Además, hubo numerosos litigios porque las compañías llevaron la cuestión a los tribunales. La tasa reaparece después como tasa de nueva creación en el paquete de ordenanzas fiscales para 2024, en la que no está obligado a pagar el cliente ni un vecino en la factura municipal, sino las operadoras con infraestructura propia, pero no se ha reconocido ni un euro cobrado en los años posteriores.