Vox presiona al PP en el Ayuntamiento de Sevilla y le obliga a votar la "prioridad nacional" antes de negociar un acuerdo con Juanma Moreno

Vox se ha propuesto llevar su idea de "prioridad nacional" a todas las comunidades autónomas y municipios de España, y ya está poniendo este concepto sobre la mesa en las negociaciones con el PP en diferentes territorios. Pasó en Extremadura y Aragón, donde sí se ha aplicado, y ahora ha llegado a tierras andaluzas. Ha sido una de las grandes apuestas de Manuel Gavira en las recientes elecciones del 17M y, pese a que el PP de Juanma Moreno rechaza aplicar cualquier normativa que dé preferencia a los nacidos en España porque asegura que está fuera de la ley, en Sevilla el grupo municipal de Vox forzará al PP (y al alcalde) a tener que posicionarse este jueves en el pleno ordinario.

Cristina Peláez, la portavoz municipal de Vox, que también ha figurado como número dos al Parlamento andaluz, llevará al resto de grupos una propuesta de acuerdo, que se debatirá y votará, para aplicar la prioridad nacional en los distintos servicios públicos de la ciudad de Sevilla. En su exposición de motivos incluida en esta propuesta, justifica que "la inmigración masiva y descontrolada" es el origen de todos los males. Votar a favor o en contra de los seis puntos que se plantean deja a José Luis Sanz en la disyuntiva de apoyar a su socio en la ciudad, el que le aprobó las cuentas de 2026 y la mayoría de proyectos que presenta el PP con el rechazo de la izquierda, o decir que no a un planteamiento que no está siendo apoyado por el PP andaluz.

Precisamente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuvo este martes en Sevilla y allí aseguró que dará manos libres al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para formar gobierno. Tras las experiencias de los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el que fuera presidente de Galicia ha apoyado que haya un gobierno en solitario de los populares y ha puesto en Moreno la responsabilidad de alcanzarlo. Pero además, Feijóo destacó que "el del alcalde de Sevilla, sin ninguna duda, es un modelo a imitar". Lo cierto es que José Luis Sanz sí ha podido gobernar en solitario, aunque se ha tenido que apoyar en Vox para aprobar su Presupuesto de 2026, modificaciones presupuestarias, o proyectos como el residencial para el Puerto de Sevilla o la limitación de viviendas turísticas. A cambio, el PP ha dado su visto bueno al cheque bebé, la oficina antiaborto, la oficina antiokupas, recortes en cooperación al desarrollo o dejar bastante limitada la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.

Prioridad nacional en el acceso a ayudas, servicios públicos y programas de vivienda en Sevilla

Vox quiere priorizar a las personas nacidas en España en el acceso a "todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda" del Ayuntamiento de Sevilla. Por ello, plantea implementar "cuantas medidas sean necesarias, dentro del ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Sevilla", para establecer "la prioridad nacional en el acceso". Otro punto a debatir, relacionado con este, es "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda".

Otro de los frentes abiertos por Vox en Sevilla, que ya planteó como condición para aprobar el Presupuesto de 2026, es una revisión del Padrón Municipal y realizar una mayor vigilancia en los registros. "En aplicación de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y al amparo de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, se proceda a compartir la información del Padrón Municipal, respecto de los registros de personas extranjeras extracomunitarias cuya identificación se haya formalizado con la presentación del pasaporte de su país de origen, al carecer de permiso de residencia y del correspondiente Número de Identificación de Extranjero, con la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, al objeto de que se proceda al inicio del procedimiento de devolución de extranjeros en situación irregular", desarrolla este punto.

Vox pide instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a implementar medidas de prioridad nacional

Además de las propuestas que competen a Sevilla, Vox también pide al resto de grupos aprobar tres puntos que van dirigidos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. Al Gobierno andaluz, aún por decidir aunque apunta a que estará comandado por el PP a la espera de un acuerdo con Vox o no, se le instaría a que "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, implemente las medidas necesarias para impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario, garantizando así, la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario".

Y al Gobierno de España, por un lado, a que "proceda a derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español". Y también "a que proceda a aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal".

En su exposición de argumentos, Vox se basa en que "la inmigración masiva y descontrolada" ha provocado "el colapso de los servicios públicos" y "ha terminado por deteriorar profundamente el sistema que con tanto esfuerzo se había conseguido edificar". También critican una "transformación profunda y deliberada de la sociedad española, impulsada por los sucesivos gobiernos del bipartidismo, que han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva". Además, creen que "la inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia".

"Es inaceptable", continúan, "que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas". Por esto, consideran que "la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política".