La Intervención da un duro revés a la ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas y cuestiona el modelo de concesión a empresas privadas

La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más y una reorganización de los suelos de Los Gordales para desplazar otras 27 casetas ya existentes, aparcamientos, aseos y las atracciones ha sido puesta en entredicho por la Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla, el máximo órgano de fiscalización municipal. Su informe preceptivo, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, explica que el expediente no justifica de forma adecuada el modelo de colaboración público-privada, advierte de que la cesión de los terrenos por parte del Estado y la Autoridad Portuaria es imprescindible para garantizar la ejecución y explotación de las obras y subraya que hay un beneficio "desproporcionado" para las empresas.

El Gobierno de José Luis Sanz ya tiene un anteproyecto de las obras y un estudio de viabilidad aprobado, tras la iniciativa presentada hace casi un año por la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Estos documentos exponen las principales características del proyecto, los plazos, cómo se llevará a cabo, y qué consecuencias urbanísticas o ambientales tendrá. Sin embargo, la Intervención General, una vez lo ha analizado, observa numerosos aspectos y "deficiencias" no justificados y de necesaria corrección antes de seguir con la tramitación.

Para responder a estas críticas, la Gerencia de Urbanismo ha emitido un informe favorable que permite, de momento, la continuidad del expediente. No obstante, los técnicos, tras la fase de exposición pública que se inicia ahora y que durará un mes, se comprometen a realizar una nueva revisión de las bases de la ampliación y realizar modificaciones. "En beneficio de una mayor colaboración en la fiscalización del expediente y a fin de recoger las aportaciones que puedan redundar en la mejora de la documentación", asegura, "se deja ofrecida a la Intervención -pese a que no sea un trámite preceptivo- someter a su informe toda la documentación para solicitar el preceptivo informe de ésta".

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, de hecho, subrayan que el proyecto sigue adelante avalado por los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo y que se mantiene como una prioridad del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Justificar que la ampliación de la Feria de Sevilla se haga de forma externa

La primera consideración de la Intervención General es sobre el modelo de gestión, que será privada. Para este órgano, "dado que la ampliación del Real de la Feria implica obras de urbanización técnicamente normalizadas, el expediente adolece de una memoria justificativa de la eficiencia de la propuesta en su conjunto". Por tanto, el Gobierno de Sanz debe justificar que ejecutar el proyecto de forma externa "presenta ventajas jurídicas, cualitativas o económicas superiores a las que obtendría el Ayuntamiento mediante la licitación y ejecución directa con sus propios medios técnicos".

Además, se considera que falta por acreditarse los gastos de elaboración de la iniciativa con carácter precio a su aceptación. También es preceptivo solicitar el informe no vinculante de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) antes de la licitación, al superar la inversión el millón de euros y ser la tarifa asumida por el poder adjudicador. Y se observa una fragmentación documental que dificulta la reconstrucción cronológica del expediente.

Sobre esto, Urbanismo asegura que esa memoria justificativa será parte de la memoria explicativa que se redactará para solicitar el informe de la ONE, una vez admitida a trámite la iniciativa. "Antes no tiene sentido, ni material ni formal, elaborar la citada Memoria", afirma, aunque reconoce que la Intervención "tiene razón" y "por ello no se comenzará a tramitar la licitación de la concesión sin que se disponga de la titularidad del suelo que conforma el ámbito de la misma".

Es necesaria la cesión gratuita de los terrenos por parte del Gobierno

El Ayuntamiento de Sevilla, antes de poder comenzar con la licitación de los trabajos, también debería resolver el visto bueno del Gobierno de España, como titular de los suelos de Los Gordales. "Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta. La Feria se va a ampliar sí o sí. Si el Ministerio de Hacienda y Patrimonio se quiere negar a esa ampliación, que lo diga. Es un tema que acabaría en los tribunales, supongo", dijo el alcalde. Sin embargo, la Intervención General considera "una condición sine qua non para la admisión de la iniciativa que el Ayuntamiento acredite la plena disponibilidad jurídica de los terrenos".

"Actualmente, la dependencia de cesiones gratuitas del Estado y la Autoridad Portuaria no formalizadas impide garantizar la ejecución y explotación de las obras durante el periodo concesional propuesto", prosigue la Intervención General. En cuanto a las cargas urbanísticas, advierte que se debe "salvaguardar el principio de equidistribución de cargas y evitar enriquecimientos injustos", ya que "la utilización del contrato de concesión de obras para ejecución de obras de urbanización llevaría a resultados incompatibles con aquella".

Ante esta situación, el Ayuntamiento contesta que "una vez que todos los terrenos se cedan gratuitamente, con la más que probable condición de que se destinen con carácter permanente al uso de recinto ferial, el municipio se convertirá en el único propietario del sector.

A partir de ese momento, se debería modificar el planeamiento, para que se recoja en el mismo el destino permanente de los terrenos a recinto ferial, con dos objetivos: cumplir con el condicionante de la cesión gratuita de los terrenos y ser coherentes con lo establecido en la Memoria de ampliación de la Feria remitida por Fiestas Mayores".

La ampliación de la Feria de Sevilla generaría a la empresa una rentabilidad "desproporcionada"

En el ámbito económico, la Intervención General explica que el modelo propuesto supone un compromiso de gasto presupuestario total de 99,3 millones de euros, siendo el valor de las inversiones y resto de contraprestaciones de 48,61 millones de euros. Por tanto, la rentabilidad antes de amortizaciones e impuestos resulta "desproporcionada" respecto de lo general para las empresas del sector.

También se pone en cuestión "la sostenibilidad de crear una estructura de mantenimiento independiente para infraestructuras de red (abastecimiento, saneamiento y alumbrado). Dado que estas redes ya son gestionadas de forma centralizada por servicios municipales o empresas como Emasesa, el coste marginal de ampliar los servicios existentes sería, previsiblemente, inferior al canon propuesto". Además, "la financiación bancaria proyectada (4,50%) supera significativamente el tipo medio que soporta actualmente el Ayuntamiento. Bajo esta premisa no se deberían financiar, vía canon, costes superiores a los que rigen bajo el principio de prudencia financiera (Ley Orgánica 2/2012)".