El archivo de la querella del caso Sandra Peña: del enfado de las asociaciones contra el bullying al "pánico legal" de los inspectores

La plaza 7 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dado esta semana carpetazo definitivo a la querella presentada por los padres de Sandra Peña contra los responsables del colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de su hija, que sufría bullying en el centro. Los inspectores analizaron esta decisión hace una semana, cuando aún era provisional, y denunciaron "pánico legal" en los colegios. Las asociaciones contra el acoso escolar no se callaron: "Nos están queriendo adelantar al final que van a mandarles una cartita de amonestación que no va a ser ni grave".

El caso Sandra Peña, por lo tanto, queda cerrado en lo que respecta a la responsabilidad penal de los docentes del Irlandesas Loreto. Continúa abierto contra tres menores que presuntamente hacían bullying a Sandra. También sigue adelante la vía administrativa, a la espera de que se resuelvan las responsabilidades penales de las menores. Esta última conllevará una sanción para el centro, aunque se desconoce de qué gravedad, por no haber abierto los protocolos obligatorios.

Los motivos del antiguo juzgado de Instrucción 7 para archivar definitivamente la querella de los padres son claros: "Evitar inútiles repeticiones" y "por falta de sustento jurídico para responsabilizar de la muerte de una alumna al “staff” educativo del Colegio". El juez explica que "reproducir en la instrucción lo que ya se ha hecho en la Fiscalía de Menores, no solo es innecesario sino también perjudicial para el equilibrio emocional de los que ya declararon".

La resolución entiende la "desazón de los querellantes, pero la administración de Justicia no puede actuar para paliar esa situación, cuando ello no es necesario en base a los razonamientos del auto". Además, "se ha esperado a recibir el testimonio de lo actuado en Fiscalía por ser muy necesario para comprender el caso y no por lentitud. Las diligencias se iniciaron el 12 de enero de 2026 y en cuatro meses se han resuelto aunque no en el sentido que interesa a la parte", señala el magistrado Eugenio Pradilla Gordillo.

La Fiscalía insistió en el archivo definitivo después de analizar el recurso de los padres. La fiscal Dolores R. Tuñas entendía "inútil a efectos de acordar una decisión sobre el asunto reproducir diligencias de investigación que ya han sido practicadas en el seno de la Fiscalía de Menores". "Se entiende que nada aportarían nuevo a efectos del esclarecimiento de los hechos" las nuevas declaraciones, por lo que es "suficiente el contenido del testimonio remitido para adoptar una resolución sobre el fondo del asunto".

Los razonamientos de la Fiscalía para el archivo de esta causa se basaban desde el principio en que "no puede establecerse una relación de causalidad entre la falta de activación de dichos protocolos y la muerte del menor. Y no se puede establecer, además, teniendo en cuenta que de las actuaciones resulta que el presunto acoso de la menor tenía también lugar fuera del centro escolar, ámbito externo al que en ningún caso habrían podido llegar las medidas de protección a implantar por el centro educativo".

Iceberg bullying denuncia un "desprecio absoluto"

Las asociaciones contra el acoso escolar no han querido quedarse fuera de la polémica de este archivo. Desde Iceberg Bullying creen que tanto el archivo como el comunicado emitido por los inspectores la pasada semana analizando el caso buscan "imponer la sanción mínima" al colegio. La portavoz de esta asociación, Blanca Loic, se muestra indignada por el análisis realizado por los inspectores: "Hablar de pánico legal en los colegios, de asfixia administrativa... Es brutal".

Loic afirma que "a las familias, en el momento en que denunciamos cualquier cosa, nos tratan a nosotros como si fuésemos los agresores, como si las madres tuviéramos una mala crianza de los hijos o estuviésemos locas. Un desprecio total y absoluto".

Esta madre reclama que, aunque no haya sanciones penales, sí se podrían haber tomado medidas cautelares. "Establecer una fianza, una auditoría, todo eso viene recogido en la ley. Incluso, paralizar los pagos que tenga pendiente la administración con ese centro, que es el concierto. Y no hacen nada", insiste Loic.

La portavoz de Iceberg Bullying destaca "la inacción total de la administración, la protección absoluta de los colegios, y que cuando los casos llegan a inspección no hay prácticamente ninguno en el que atiendan a la víctima, sino que son secretarios de los colegios".

Loic está de acuerdo en que la vía penal es el último extremo y estos casos deberían resolverse en "la vía administrativa y los colegios". "Pero, claro, las familias, cuando ya están agobiadas, cuando ya están asfixiadas, evidentemente recurren a abogados, intentan denunciar porque es que ya no pueden más. Y el coste no solo económico que supone para las familias".

Por último, insiste en el comunicado y el análisis realizado del caso por los inspectores en su congreso la semana pasada. Cree que todo está dirigido a salvaguardar al centro. "La presidenta es la inspectora del Irlandesas Loreto", señala molesta. Y manda un mensaje: "Los protocolos se perfeccionan y se mejoran con su uso. Si tú no los abres -es algo que pertenece al colegio-, todos son hechos puntuales, todas las agresiones y todo lo que pasa son hechos puntuales, no hay perfección".

Los inspectores

Ana Verdugo, inspectora educativa en Sevilla de, entre otros, el colegio Irlandesas Loreto es también la presidenta de la Unión Sindical de Inspectores de Educación en Andalucía. No tiene ningún problema en reconocerlo al ser preguntada por El Correo de Andalucía. De hecho, fue ella la primera persona en advertir que no se habían abierto los protocolos en el Irlandesas Loreto nada más conocerse el caso.

Su sindicato envió la nota con el análisis de lo ocurrido en las jornadas celebradas en Málaga que tanto ha molestado a Iceberg Bullying. Denunciaron "pánico legal" y "vulnerabilidad jurídica" en las aulas tras casos como el de Sandra Peña.

Fuentes del sindicato consultadas por este periódico explican que las jornadas no estaban centradas en el caso de Sandra Peña, sino en muchos otros aspectos que atañen al trabajo diario de los inspectores.

El caso de la menor sevillana se abrió durante la conferencia del juez Fernando Portillo, también conocido como @judgethezipper en la red social X, como respuesta al gran número de protocolos abiertos este año a raíz del suicidio de la menor y la preocupación de los inspectores.

Fue este magistrado el que durante su exposición puso sobre la mesa la posible comisión por omisión de algún delito por parte de la inspección, ni siquiera del colegio. En sus diapositivas, a las que ha tenido acceso este periódico, aparece el caso en la número 13 y 14, que cerraban su intervención y estaba dedicada a los protocolos de acoso y autolisis.

Lo primero que hace Portillo es preguntarse si podría darse un delito de comisión por omisión en un inspector. La respuesta es que "no". "El artículo 11 del Código Penal exige cuatro requisitos cumulativos: posición de garante, nexo causal, capacidad de evitar el resultado y dolo o imprudencia grave. Los inspectores supervisan legalidad, no ejercen custodia directa del menor. Ninguno de estos elementos se da, sobre todo la posición de garante y el nexo causal", argumenta el magistrado.

Después de eso, Portillo entró a valorar la "querella contra el centro por homicidio imprudente". "El Juzgado de Instrucción nº 7 de Sevilla archivó la causa: el suicidio ocurrió fuera del horario lectivo y faltaba el nexo causal entre la no activación del protocolo y el resultado. No existe ningún caso en España con condena penal a un directivo escolar por comisión por omisión en suicidio derivado de acoso", explicó.

Insiste en que los "retrasos, ausencia de firmas o incumplimiento de plazos son faltas administrativas, no delitos". "No actuéis paralizados mirando los juzgados penales", alertó Portillo a los inspectores.

En este sentido, el magistrado explicó a los inspectores cómo debía ser un informe que fuese a ser utilizado como prueba. "El informe no es prueba pericial formal, pero los jueces lo valoran como tal. Cuanto más riguroso y neutral, más peso tendrá", apuntó.

Por último, ¿cómo redactar un informe sólido? Las claves de Portillo fueron varias: "Coherencia interna; cronología precisa: fechas y horas exactas; metodología y fuentes documentales explícitas; recoger versiones alternativas, aunque no coincidan con la conclusión; hacedlo acompañar de registros documentales (apoyos externos); evitar expresiones vagas como "se cree", "parece" o "es probable"; no usar adjetivos como "grave" sin justificación; señalar las limitaciones del informe con transparencia y estimar "conclusiones derivadas de hechos, no de extrapolaciones".