El IES Híspalis resurge ante el intento de cierre: llena todas sus plazas y reclama ahora la construcción de un edificio anexo

Las familias del Instituto Híspalis, ubicado en el complejo educativo de Pino Montano y próximo al Parque de Miraflores, todavía recuerdan el susto que se llevaron a principios de año. De la noche a la mañana, recibieron la noticia de que la Diputación de Sevilla tenía previsto cerrar el instituto el próximo curso para ampliar la residencia de estudiantes. La Junta de Andalucía, administración competente en materia educativa, no puso entonces objeciones y el centro quedó fuera del proceso ordinario de escolarización. Con el paso de los días, sin embargo, el escenario cambió. La presión de los sindicatos, las movilizaciones de familias y docentes y la repercusión pública del caso acabaron modificando los planes iniciales de ambas administraciones. El resultado fue un acuerdo “in extremis” que evitó el cierre del instituto y permitió reabrir la matriculación.

Cuatro meses después, el ambiente en la comunidad educativa es de mayor tranquilidad, aunque no de plena confianza. El centro ha completado su oferta de plazas y abrirá dos líneas en primero de la ESO el próximo curso. Para familias y profesorado, ese dato demuestra que el Híspalis sigue siendo necesario en la zona. "Estamos contentos porque han entrado todos los alumnos que solicitaron plaza del centro adscrito, el Alfonso Grosso, pero otras 60 solicitudes son de alumnos a los que no les corresponde el Híspalis y aun así lo han pedido como primera opción", explican a El Correo de Andalucía fuentes del profesorado del instituto. Con esa demanda, se han cubierto las dos líneas que la Junta autorizó antes del proceso de escolarización.

La comunidad educativa, sin embargo, no quiere bajar la guardia. El conflicto de fondo sigue abierto y tiene que ver con la titularidad del espacio, las competencias de cada administración y el futuro del complejo de Pino Montano. La Diputación de Sevilla es la propietaria de los terrenos del complejo y titular del edificio en el que se ubica el instituto, mientras que la Junta de Andalucía es la administración con competencias educativas. El plan inicial de la Diputación pasaba por rehacer prácticamente por completo este espacio mediante una inversión de 30 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuraban la construcción de una nueva residencia universitaria con 500 plazas en un edificio de nueva planta, instalaciones deportivas, una piscina y una biblioteca. En ese proyecto, según denunciaron las familias y los sindicatos cuando se conoció la noticia, no había sitio para el IES Híspalis.

La movilización vecinal, sindical y educativa consiguió frenar el cierre. El 9 de marzo, la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla firmaron un acuerdo por el que se comprometían a mantener abierto el instituto. Pero aquel pacto dejó varios interrogantes sin resolver: quién asumirá las obras necesarias, cuándo se construirá el edificio anexo que reclaman las familias y el profesorado, qué ocurrirá con la piscina y el pabellón deportivo y cómo se garantizará la continuidad del centro a medio plazo.

Unas obras en el aire

Esas son ahora las respuestas que persiguen las familias y el profesorado. Desde la Junta insisten en que el edificio sigue siendo de la Diputación y sostienen que, con motivo de las elecciones y la situación de Gobierno en funciones, "no se ha podido avanzar" más allá de la propia escolarización. Es decir, por ahora no hay información concreta sobre cuándo ni dónde se llevarían a cabo las obras del edificio anexo que reclama la comunidad educativa. "No nos parece clara la información que nos proporciona tanto la Junta como la Diputación", afirma una profesora del centro.

La preocupación también se mantiene en el AMPA. "Estamos muy pendientes porque nuestra lucha continúa. Una vez pasadas las elecciones, tenemos que estar muy al tanto porque nosotros seguimos teniendo noticias de que la Junta y la Diputación quieren cerrar el instituto", sostienen fuentes de la asociación de familias.

En este sentido, reclaman poder conocer el contenido del acuerdo suscrito entre la consejera Carmen Castillo y el presidente de la Diputación, Javier Fernández. "Creemos que la consejera no quiere invertir en hacer una nueva edificación anexa para poder reubicar al alumnado que ahora está en aulas de la residencia. Ambas administraciones se están peleando para ver quién pondría el dinero", afirman desde el AMPA.

La Diputación y la Junta tienen ahora un año por delante para avanzar en una solución, ya que el próximo curso vencerá el convenio entre ambas administraciones. Según el pacto firmado en marzo, deberá impulsarse un nuevo convenio con las tramitaciones necesarias, aunque la Junta no ha aclarado si ese proceso incluirá obras en el futuro. "Ahora mismo no sabemos nada del presupuesto para reformar el centro", aseguran desde el AMPA.

Por este motivo, las familias continúan organizando reuniones para diseñar una hoja de ruta y no descartan nuevas movilizaciones si no reciben garantías sobre el futuro del instituto.

Sin PTIS y con mucho alumnado extranjero

Más allá del debate sobre la continuidad del centro, la comunidad educativa también señala necesidades internas que considera urgentes. La organización del instituto es similar a la de los últimos años: salvo en primero de Bachillerato, donde hay tres líneas, el resto de cursos cuenta con una o dos líneas. "En segundo de la ESO hay dos líneas, pero se han subdividido en cuatro y en cada una de las aulas hay 15 o 16 niños. Es una ratio privilegiada porque daba la casualidad de que había profesorado suficiente para ello", explican fuentes del AMPA.

Actualmente, el centro tiene dos pedagogas terapéuticas y una orientadora, pero no dispone de Personal Técnico de Integración Social (PTIS). Las familias consideran que esta carencia limita la capacidad del instituto para atender adecuadamente a todo el alumnado. "Como consecuencia, nos hemos enterado de que alguna familia no ha sido admitida", señalan.

En la misma línea, reclaman un refuerzo del personal especializado en educación especial para que el Híspalis sea "completamente inclusivo". "Nosotros queremos que este sea un instituto de referencia para todos los barrios de la zona y, sobre todo, para toda la ciudadanía inmigrante", reivindican desde la asociación de familias.

El profesorado también detecta otra necesidad creciente: el apoyo lingüístico. El aumento del alumnado procedente de China y de otros países ha hecho más evidente la falta de recursos específicos para quienes llegan al centro sin conocer el español. "En este instituto hay muchos chinos que no hablan español, mínimo uno por aula, porque en estos barrios hay cada vez más inmigración. Necesitamos más recursos para que los niños aprendan el idioma", aseguran desde el centro.

La reapertura de la escolarización y la cobertura de las dos líneas de primero de la ESO han dado aire al Híspalis de cara al próximo curso. Pero para las familias y el profesorado, la batalla no está cerrada. El instituto ha demostrado que tiene demanda. Ahora, sostienen, falta que Junta y Diputación concreten cómo van a garantizar su futuro.