El deterioro de la Flora Tristán y la falta de recursos de la UPO para su rehabilitación dejan en el aire el futuro de la residencia de estudiantes del Polígono Sur

La Residencia Flora Tristán, el gran proyecto universitario en el Polígono Sur de Sevilla, se encuentra en una situación límite. El edificio, titularidad de la Universidad Pablo de Olavide, se encuentra en un estado de deterioro que pone en riesgo su continuidad. La situación fue denunciada en redes sociales por un grupo de residentes denunciaban el cierre de su "casa" de cara al próximo curso académico Ahora, la UPO pone en duda su apertura para el curso que viene debido a su situación económica y deja a cientos de alumnos en vilo.

La residencia nació en el año 2003 como un proyecto de integración social en el Polígono Sur. El complejo cuenta con 80 viviendas y 170 plazas para los alumnos que deseen participar. El objetivo era ofrecer a los alumnos de la Universidad una solución habitacional económica a cambio de colaborar con el desarrollo social del barrio. Se trata de un proyecto único de cooperación mediante la participación activa de los alumnos.

En el cierro ha participado Alicia, una de las residentes afectadas por el posible cierre, que ha explicado que "este año ha comenzado de una forma extraña": "Las becas de colaboración salieron más tarde y no se pagaron hasta abril". Además, la joven explica a este periódico que los residentes conocieron la subida de precio de las plazas por una información de la página web sin que nadie les contara nada al respecto.

Los problemas financieros de la UPO

En concreto, la Universidad habla de 39 incidencias detectadas tras un informe externo realizado en agosto del pasado año de carácter "graves o críticas y requieren atención prioritaria". Así, desgrana que estas "no son puntuales". Con ello, subrayan la necesidad de "acometer actuaciones de renovación, adecuación y modernización que permitan garantizar plenamente la funcionalidad de las instalaciones".

Pese a que defienden su a UPO apunta a "la situación de profunda inestabilidad financiera" que atraviesa como impedimento para "acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata". Así, explica que trabajará con las instituciones "con fuerte compromiso social" para que se instalen allí y aporten "recursos que permitan soluciones inmediatas". Para asegurar el futuro del proyecto.

Son muchos los que admiten que hace tiempo que la situación del inmueble no era la idónea. Fallaban ascensores o la instalación eléctrica. Desde la Universidad han enviado un comunicado a la comunidad educativa para explicar que temen por "la seguridad de sus usuarios" y ha encargado un informe técnico a una empresa especializada. Sin embargo, apuntan que informarán al respecto en las próximas semanas.

Aunque Alicia admite que, aun hoy, no han confirmado ningún cierre, detalla que, a diferencia de otros años, no les han permitido dejar sus cosas de cara al verano. Este extremo hace que, según sus palabras, la Universidad "no les garantice" su plaza para el próximo curso. Además, asegura que "hay trabajadores a los que no les han renovado el contrato". Así, sostiene que hay dos opciones: "O abren ciertos portales de la residencia o se cierra por completo".

La UPO califica de "prioridad" la Fundación Manolita Chen

Hasta allí se han trasladado distintos dirigentes políticos para dar apoyo a los estudiantes, que han convocado un encierro para denunciar la "incertidumbre" y una manifestación el martes a las 20:00. "Se nos ha dicho que el cierre es una posibilidad, pero no nos quieren decir nada", lamenta tras mantener una reunión con la vicerrectora de asuntos sociales. De hecho, apunta que no tienen constancia de que haya licencia de obra o financiación para los trabajos.

En este edificio tiene también su sede la Fundación Manolita Chen, que acoge a personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad y la UPO define como "un proyecto prioritario". Jorge Pérez, su presidente, asegura a El Correo de Andalucía que no han recibido ningún comunicado de la UPO más allá de la necesidad de hacer obras en el edificio. Pérez recuerda que tienen un contrato de cuatro años, de los que han cumplido dos, y lamenta que sus usuarios están "con miedo de que les van a echar".

El presidente de la Fundación, que reconoce su "indignación" ante los hechos, lamenta que hasta el momento solo hay rumores y asegura que nadie les ha convocado a ninguna asamblea para decidir un encierro. Así, denuncia que no ha permitido que sus trabajadores acudan a sus puestos de trabajo y sus voluntarios repartan comida. "Somos un servicio de urgencia social", subraya para apuntar que van a "tomar medidas" contra quien no les deje entrar.