En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027

El amianto puede estar presente en un solar, en los bajantes de un centro educativo o en los techos de uralita de una nave industrial. Sus efectos nocivos sobre la salud están más que constatados y de ahí que en el año 2022 el Gobierno de España aprobara una Ley de Gestión de Residuos que fijó como obligación que todos los municipios tuvieran un censo de la presencia de ese material en espacios públicos o privados de su término municipal y una estrategia para la descontaminación que debía tener como prioridad actuar sobre las instalaciones de mayor envergadura antes de 2028.

Sin embargo, cumplidos los plazos de la ley, son muchos los municipios que no han sido capaces técnica ni económicamente de articular este diagnóstico. De este retraso quedó constancia en escritos del Defensor del Pueblo Andaluz que derivaron en una carta remitida por la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía a todos los ayuntamientos exigiéndoles el cumplimiento de la norma. Sin embargo, el problema seguía ahí, no había recursos económicos ni técnicos para estas costosas actuaciones. Recientemente, por ejemplo, se resolvió el conflicto abierto entre la Diputación y la empresa Uralita por la descontaminación de una parcela de Cortijo del Cuarto. Sólo esa actuación está valorada en 380.000 euros.

En la provincia de Sevilla son muchos los municipios, especialmente de menor tamaño, que no han podido afrontar este plan de actuación y que llevan años pidiendo ayuda a otras administraciones. La Diputación Provincial va a asumir con sus recursos económicos esta obligación para socorrer especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes. La institución provincial ha abierto una convocatoria dotada de 4,1 millones de euros de forma que aquellos que lo soliciten podrán recibir una subvención en especie. "Vamos a asumir la elaboración del censo de las instalaciones, una propuesta de calendario de retirada y un estudio de costes", explica el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez.

Todos los ayuntamientos que lo soliciten podrán formar parte de este programa y, por tanto, recibirán unos servicios que estarán valorados en 30.000 euros para los menores de 5.000 habitantes: en 50.000 euros para los que lleguen a 10.000 y en 75.000 euros para los que se sitúen como máximo en los 20.000 habitantes. "Son cifras que pueden descuadrar los presupuestos de estos ayuntamientos y de ahí que desde la Diputación hayamos planteado esta ayuda", explica Domínguez.

Los plazos para la retirada

La ley aprobada en 2022 establecía que todos los municipios debían tener sus censos de amianto elaborados un año después de la entrada en vigor del decreto. Es decir, en 2023. Además, fijaba un segundo plazo: que las instalaciones de mayor envergadura, públicas y privadas, estuvieran retiradas antes de 2028. Ese calendario no se ha cumplido.

La Diputación tiene como objetivo que a lo largo de este año esté resuelta la convocatoria y se puedan licitar los contratos para la prestación de los servicios en los municipios adheridos. De esta forma, con los tiempos de tramitación del contrato y de elaboración de los informes, durante 2027 estarán todos los censos finalizados.

En ese momento, llegará la parte más difícil: la aplicación de la retirada a través de exigencias a empresas privadas y de inversiones públicas. Si sólo los informes para los municipios menores de 20.000 habitantes cuestan cuatro millones, el importe que sumarán las descontaminaciones es ahora mismo "incalculable". Llegará entonces una segunda fase en la que la Diputación reclama también la participación de otras administraciones para apoyar a los ayuntamientos a asumir los costes económicos y las dificultades técnicas.