La Residencia Flora Tristán de la UPO cerrará en julio tras no haber un acuerdo para su cesión a manos privadas

No ha habido acuerdo. El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide se ha reunido este lunes en una sesión extraordinaria para decidir sobre el futuro de la Residencia Flora Tristán. Los daños estructurales del edificio y los problemas de financiación de la Universidad dejaban en vilo su futuro y el de sus residentes y el órgano decidía si cederlo a manos privadas, algo que finalmente se ha rechazado.

La residencia no ofertará plazas en la residencia, que cuenta con 80 viviendas y 170 cupos, de cara al próximo curso y no lo harán hasta no poder garantizar "la plena seguridad, salubridad y habitabilidad del inmueble". De esta forma, los alumnos, voluntarios y asociaciones que, como la Manolita Chen, tenían su hogar en la Flora Tristán, deberán abandonarla antes de que termine el mes de julio.

La UPO había alcanzado un acuerdo con la Fundación Gerón para que se reformara, se hiciera cargo de la gestión de la residencia y se comprometa a mantener el proyecto de desarrollo social del barrio. El objetivo era mantener la residencia que acoge a estudiantes de distinta procedencia. Pese al preacuerdo, la UPO se comprometía a seguir aportando ayuda a económica a los alumnos en situación de vulnerabilidad.

"Incertidumbre" sobre el futuro

En el encuentro, el rector de la Universidad, Francisco Oliva, ha detallado que esta cesión era la "única que garantizaba poder acometer las necesarias obras de adecuación del edificio y posibilitar la apertura de la residencia". Además, ha señalado que este movimiento permitiría acortar los plazos de trabajo con respecto a las administraciones públicas y "mejorar las instalaciones y los servicios ofertados".

La situación de la residencia, que suponía una "incertidumbre" para sus habitantes, provocó numerosas movilizaciones la semana pasada después de que los residentes conocieran que la reapertura para el próximo curso estuviera en el aire. De hecho, realizaron un encierro para denunciar la situación y exigir explicaciones a la Universidad el pasado 15 de junio y una manifestación el día siguiente.

Las explicaciones del rector no han bastado. Desde el Consejo Social han asegurado que "la fórmula que ofrece mayores garantías es la apertura de un procedimiento público de licitación, que permita la participación de todas aquellas entidades, asociaciones, instituciones o empresas que puedan presentar la mejor propuesta". Así, se propuso que el Consejo de Gobierno debata sobre esta y otras posibilidades.

Creación de una comisión mixta

El Consejo de Gobierno ha podido conocer la situación de la residencia y el gasto que ha implicado mantenerlo abierto. Según un comunicado compartido por la propia Universidad, los gastos de mantenimiento e intervenciones de carácter urgente, ascienden a más de 200.000 euros. Ante esto, el rector ha defendido que "no se ha invertido tanto en ningún edificio de la Universidad, lo que demuestra el esfuerzo".

La reunión del Consejo de Gobierno ha finalizado con la decisión de configurar una comisión mixta. El objetivo de la misma será explorar todas las alternativas reales y viables para poder realizar los trabajos. Para ello, la universidad tratará captar "financiación pública y/o privada", así como formular propuestas consensuadas que permitan la reapertura de la residencia.

La residencia nació en el año 2003 como un proyecto de integración social en el Polígono Sur. El complejo cuenta con 80 viviendas y 170 plazas para los alumnos que deseen participar. El objetivo era ofrecer a los alumnos de la Universidad una solución habitacional económica a cambio de colaborar con el desarrollo social del barrio. Se trata de un proyecto único de cooperación mediante la participación activa de los alumnos.