La comunidad de la Flora Tristán de la UPO sale a la calle contra el cierre de la residencia del Polígono Sur: "Hay soluciones para que siga abierta y no se pierdan puestos de trabajo"

"¡Esta lucha la vamos a ganar!". Los voluntarios y residentes de la Residencia Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide saldrán a las calles del Polígono Sur este jueves ante el cierre del centro para el próximo curso por el deterioro del mismo. Piden a las instituciones públicas actuar para mantener los puestos de trabajo y garantizar el proyecto social de este espacio. Más allá de las plazas para estudiantes, el edificio es también la sede de la Fundación Manolita Chen y presta apoyo a los vecinos del barrio mediante talleres y cursos para fomentar la inserción laboral, entre otras cuestiones.

La concentración tendrá lugar este jueves 25 de junio a partir de las 20:00 horas en la puerta de la sede del complejo Flora Tristán, ubicada en la calle Residencia de Estudiantes del Polígono Sur. "Por el derecho a la vivienda", versa uno de los lemas de esta convocatoria para llamar a la movilización de todos los sectores perjudicados ante esta decisión de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Aseguran que no tolerarán "más ataques" contra los barrios obreros de la ciudad: "Nos quitan los autobuses, nos cortan la luz y desmantelan los servicios y espacios públicos".

De esta forma, instan a impedir el cierre de este complejo universitario para mantener "el proyecto social" que realizan en Flora Tristán. "Estamos convencidas de que hay soluciones que no pasan por cerrar ni privatizarla". Este último punto fue uno de los planteados la semana pasada por el Consejo Social de la UPO para ofrecer una salida a la difícil situación en la que se encuentra este centro. Las intenciones del ente universitario, que finalmente no han llegado a buen puerto, pasaban por aprobar un nuevo convenio de colaboración con la Fundación Gerón para confirmar la apertura de la residencia el próximo curso.

Los voluntarios y residentes de Flora Tristán ponen la pelota encima del tejado de las instituciones públicas. "Tienen que hacer la inversión necesaria e iniciar las obras garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo y las plazas de residentes necesarias", comentan los convocantes. El estado de deterioro del centro residencial sumado a la situación económica que enfrenta la Universidad Pablo de Olavide es lo que ha motivado el posible cierre de este lugar a partir de septiembre. Los gastos de mantenimiento e intervenciones de carácter urgente en el edificio ascienden a más de 200.000 euros.

La residencia nació en el año 2003 como un proyecto de integración social en el Polígono Sur. El complejo cuenta con 80 viviendas y 170 plazas para los alumnos que deseen participar. El objetivo era ofrecer a los alumnos de la Universidad una solución habitacional económica a cambio de colaborar con el desarrollo social del barrio. Se trata de un proyecto único de cooperación mediante la participación activa de los alumnos. Además, es la sede la Fundación Manolita Chen que actúa de centro de acogida para personas discriminadas por su condición o identidad sexual.

Los residentes deberán abandonar el centro en julio

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide se reunió este lunes en una sesión extraordinaria para decidir sobre el futuro del centro residencial. Los daños estructurales del edificio y los problemas de financiación de la Universidad dejaban en vilo su futuro y el de sus residentes y el órgano decidía si cederlo a manos privadas, algo que finalmente se ha rechazado. De esta forma, los alumnos, voluntarios y asociaciones deberán abandonarla antes de que termine el mes de julio.

En el encuentro, el rector de la Universidad, Francisco Oliva, detalló que esta cesión era la "única que garantizaba poder acometer las necesarias obras de adecuación del edificio y posibilitar la apertura de la residencia". Además, ha señalado que este movimiento permitiría acortar los plazos de trabajo con respecto a las administraciones públicas.

En cambio, desde el Consejo Social aseguraron este lunes que la fórmula que ofrece mayores garantías es la apertura de un procedimiento público de licitación, que permita la participación de todas aquellas entidades, asociaciones, instituciones o empresas que puedan presentar la mejor propuesta.