Suspendida la comparecencia de Rafael Pineda y el alcalde de Gines en los juzgados: "Estoy cansado de estas historias, no hay nada raro"

La comparecencia del empresario David R. M., Rafael Pineda, exjefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, y Romualdo Garrido, alcalde de Gines, ante la plaza de Instrucción 10 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha sido suspendida y la nueva fecha está en el aire. La jueza investiga a los dos últimos por haber realizado gestiones para acelerar los expedientes administrativos del negocio Green House, propiedad de David e investigado en otra causa por actividades relacionadas presuntamente con el narcotráfico.

Rafael Pineda salió de los juzgados del Prado de San Sebastián asegurando que no había declaración por incomparecencia del abogado del empresario. Por su parte, Romualdo Garrido ha confirmado este extremo a la salida de la sede judicial. El alcalde de Gines aseguró que tenía "muchas ganas de prestar declaración" en esta pieza separada del caso Pineda, porque "ha sido un proceso administrativo que ha salido hacia adelante como cualquier otro y quiero que esto se zanje de una vez".

El regidor se mostró "cansado de estas historias que, desde mi punto de vista, no se ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario, se ha intentado hacer las cosas bien como siempre se hacen desde el Ayuntamiento". Garrido insistió en que ante la jueza pretende aseverar que la licencia a Green House se otorgó mediante un proceso administrativo como cualquier otro y que "no hay nada raro".

"La conciencia la tengo súper tranquila", insistió el primer edil. "Por eso doy la cara ante ustedes, porque lo que quiero es cerrar esto cuanto antes y que no se dilate en el tiempo".

La presión a una empleada, la clave de la investigación

Cabe recordar que esta pieza separada nace a raíz de la investigación realizada a Rafael Pineda, surgida a su vez de otra relacionada con una por blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. La jueza abrió esta pieza porque el alcalde de Gines presuntamente habría "presionado" a una empleada municipal para acelerar expedientes urbanísticos relacionados con el empresario vinculado al narcotráfico de la operación de enero. A su vez, presuntamente este habría pagado dos comidas a Pineda por algunas gestiones administrativas que le realizó.