Los dos exalcaldes de Huévar acusados de prevaricación: "No se le pedía carné a los ciudadanos para entrar en el Ayuntamiento"

Rafael Moreno y Áurea Borrego (PSOE), exalcaldes de Huévar del Aljarafe, han comparecido hoy ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla para defenderse en un juicio donde se les acusa de un delito de prevaricación por haber contratado en varias ocasiones a siete vecinos de la localidad "sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto". Los otrora primeros ediles han negado cualquier orden para contratar vecinos a dedo y han explicado que siempre cumplieron la normativa. La actual alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP, sin relación con los anteriores a pesar de compartir apellido), aseguró que ella advirtió a ambos de las irregularidades y denunció que encontró una trituradora de papel en el despacho cuando accedió al bastón de mando. En esta primera sesión también prestó testifical la Secretaria/interventora y un guardia civil.

La Fiscalía pide para los ex regidores un total de 13 años de inhabilitación. Les acusa de un delito continuado de prevaricación. La defensa de ambos pidió la nulidad de las actuaciones, ya que este proceso tuvo su origen en una denuncia por delito electoral y malversación por una supuesta compra de votos. Aquello fue transformado en una acusación de prevaricación por la contratación irregular de los mencionados vecinos. La Sección Primera no atendió la solicitud de nulidad y prosiguió con el juicio oral, declarando en primer lugar los dos exalcaldes.

Rafael Moreno fue el primero en tomar la palabra en el Palacio de Justicia sevillano. El exalcalde socialista incidió en que la mayoría de contratos provenían "de otras administraciones". "Todo tenía un procedimiento marcado y seguíamos fielmente eso", aseguró ante preguntas del Ministerio Público. "Había un porcentaje de contratos que sí se hacía desde servicios sociales, pero no era carente de ningún tipo de procedimiento", insistió Moreno. "A todos los alcaldes nos acribillan pidiéndonos trabajo, casa… Siempre", despejó el alcalde para asegurar que no se cometió ningún tipo de prevaricación: "No se le pedía carné a los ciudadanos para entrar en el Ayuntamiento".

El ex alcalde explicaba que la prueba del algodón de que todo se hizo correctamente eran "el presupuesto y la liquidación". "Tanto la alcaldía como los tenientes de alcalde, recibíamos personas todos los días y todos tenían las mismas instrucciones: si teníamos posibilidades de contratar, se derivaba. Una vez que sabíamos cual era la situación del vecino, pues se le mandaba a servicios sociales u otros departamentos", afirmó.

Por su parte, Áurea Borrego también defendió su inocencia, negando participar en las contrataciones. Llegó a asegurar que a su entrada en el Ayuntamiento solo había tres funcionarios: "La Secretaria/Interventora y dos policías". Afirmó que había realizado un ERE y un plan de ajuste igual que no realizó "ninguna directriz" para contratar en el consistorio. Sobre si ella sacó algún rédito en las contrataciones realizadas, aseveró que "el único beneficio fue la satisfacción de darle a esa persona tres meses de trabajo".

María Eugenia Moreno señala una trituradora de papel

La primera testigo en prestar declaración tras los dos acusados fue la actual líder del equipo de Gobierno de Huévar. "En el despacho había una serie de cajas que se veían que era para destruir. Cuando las abrimos, vimos los nombres, apellidos, calles, viviendas, los apodos y los números de votos de cada casa. Se indicaba el tipo de ayudas que se podía dar a esas familias", aseguró Moreno.

"Unas seis cajas. Algunas todavía están guardadas para saber si se pueden eliminar o no. Eran manuscritas", afirmó ante preguntas de la Fiscalía. Además, señaló que Áurea sí atendió a sus peticiones de llevar los reparos a pleno, cosa a la que hizo caso omiso Rafael.

"Yo le advertía de que esto tenía consecuencias", declaró la actual primera regidora. Afirmó que ella "siempre le ha intentado tender la mano". Sobre cómo era el proceso de contratación irregular, aseveró que "iban al ayuntamiento, hablaban con ellos y se procedía a lo que ellos estimasen".

El Guardia Civil que prestó su testigical tampoco pudo constatar que hubiera o no proceso de selección en las contrataciones. La Secretaria/Interventora señaló que a ella no le constaban los expedientes de contratación. "Yo por eso hacía reparos", explicó. "Si hay un proceso, tiene que haber un expediente".

La sesión judicial fue suspendida tras casi cuatro horas en el primer día. Esta previsto que este martes se continúe un proceso que finalizará el miércoles.