El juicio contra los dos exalcaldes de Huévar por prevaricación, visto para sentencia: "Me voy con el sentimiento de impotencia e indefensión"

Tercera y última sesión en la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso que juzga por prevaricación a los dos exalcaldesde Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno y Áurea Borrego (PSOE). La Fiscalía y las acusación han solicitado finalmente 12 años de inhabilitación para ambos, acusados de haber contratado en varias ocasiones a siete vecinos de la localidad "sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto". Ambos regidores han ejercido su derecho a la última palabra. Moreno se fijó en dos puntos: "Nunca he firmado un contrato laboral sin un expediente" y "no he tomado decisiones arbitrarias ni ilegales. Borrego en solo uno: "Me voy con el sentimiento de impotencia e indefensión. Nada más". El caso ha quedado visto para sentencia.

La sesión contó con la lectura de los informes finales por parte de las partes después de que volvieran a pasear por la sala distintos testigos, entre ellos una antigua concejal que aseguró que todo se hizo legalmente. La Fiscalía bajó su petición a 12 años de inhabilitación, aunque en un principio solicitaba 13. El fiscal aseguró que los exalcaldes "estaban al tanto" de las irregularidades, ya que la secretaria/interventora había emitido "reparos" al respecto.

La acusación ejercida por el Ayuntamiento de Huévar, la más insistente durante las testificales, se adhirió a la petición del Ministerio Público. Recalcó que se había utilizado "el Ayuntamiento para contratar en función de la afinidad y sin los principios de mérito, igualdad y legalidad que exige la administración pública".

El letrado de la acusación ejercida por el Partido Popular se adhirió a su compañera y a la Fiscalía. Su frase más contundente se centró en que "el proceso de contratación era ir a ver al alcalde y pedirle trabajo. Eso es válido en una empresa privada, no en la administración”.

"¿No se le pagaba a gente que había hecho su trabajo?"

La defensa de los dos exalcaldes de Huévar apuntó que todo el proceso comenzó una denuncia de la actual regidora por fraude electoral y malversación. Defendió que siempre se actuó conforme a derecho y aseguró que sí existen los expedientes de las contrataciones. "Decir que no hay expedientes es una barbaridad. Es absurda la argumentación de la secretaria/interventora que no hizo su trabajo", señaló. "¿Si no se levantaban los reparos que se hacía? ¿No se le pagaba a gente que había hecho su trabajo? ¿Qué se pretendía que se devolviera ese dinero?", apuntó.

En su derecho a la última palabra, Rafael Moreno quiso dejar claras "dos cosas": "Nunca he firmado un contrato laboral sin un expediente. Nunca. Que vinieran a verme los vecinos forma parte de mi trabajo, no es ninguna arbitrariedad. ¿Qué hace un alcalde de 3.000 habitantes? Recibir a vecinos con problemas. Yo los mandaba a Servicios Sociales, porque allí se le abría un expediente para que no fuera arbitrario. Todos pasaban y lo han dicho".

El segundo punto que quiso resaltar Moreno, al igual que ya hiciera en su declaración el pasado lunes, es que las liquidaciones presupuestarias son "la prueba del algodón" y él ha "soportado 18". "Ahí se dice dónde se emplea el dinero. ¿Sabe que es obligatorio? El informe favorable de la secretaria/interventora. Tiene que decir que cumple con la legalidad vigente. Ahí no hay advertencias, no hay anomalías, no va al Tribunal de Cuentas. Eso se aprueba provisionalmente, incluso la Delegación del Gobierno la puede recurrir. No había esas ilegalidades". Moreno se mostró sorprendido por cómo las bases de una concesión le habían hecho estar tres días en el Palacio de Justicia "con algo de lo que yo no me siento culpable".

Insistió en que él no era conocedor de ilegalidad alguna. "¿Qué arbitrariedad, qué injusticia? Que esto lo han avalado en todas las liquidaciones. Es la secretaria/interventora, desde el 99, siempre la he tenido a ella porque entré en el 97. En ningún momento me advierte de que no se puede hacer así. Ella también podía suspender ese acto administrativo, lo podría haber suspendido. No consta ningún documento en el que se diga que se tiene que suspender. Por eso, entiendo que se me aplica un artículo, el 404 (el de prevaricación, que exige la emisión de una resolución a sabiendas de su injusticia), y no he tomado decisiones arbitrarias ni ilegales".

Áurea cerró la sesión con otra reflexión. "Solo un punto", le dijo al tribunal. "En todo este proceso, siento indefensión", apuntó la exalcaldesa, que comenzó a sollozar. "Desde que he empezado, hasta que he terminado, no tengo un documento para que veais que esa no ha sido la realidad que he vivido. Hasta hoy, no he tenido posibilidad de nada. Mi palabra vale lo que vale, pero la documentación avalaría mi verdad. No hay un contrato que no tenga un expediente. No voy a repetir lo mismo, ellos tienen mejor oratoria -su homólogo y el letrado-. Cuando Carlos mi abogado le pregunta a la actual alcaldesa, ella le respondió. ¿Le han pedido documentación? Ella dijo: sí. ¿Usted se la ha dado? Ella dijo: no. Entiendo que no es que no exista [la documentación], es que ella no la ha dado. Yo querría que lo viérais. Me voy con el sentimiento de impotencia e indefensión. Nada más".