El juicio por estafa y fraude contra el exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano se aplaza de nuevo: será en otoño de 2027

El juicio contra el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha sido aplazado nuevamente. A través de un auto, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado el 18 de octubre de 2027 como nueva fecha para el inicio del caso por estafa y fraude de subvenciones al que se enfrenta el otrora juez. El caso tiene señaladas un total de 11 sesiones, por lo que se alargará hasta el 4 de noviembre del año que viene.

Cabe recordar que este juicio se debía haber celebrado entre el 4 y el 26 de mayo de esta pasada primavera. Sin embargo, por "razones de reordenación de la agenda de señalamientos" de esta sección, el pasado enero se señaló para marzo de 2027. Ahora, el nuevo aplazamiento se ha producido por la coincidencia de señalamientos de la asistencia letrada de una de las partes en esa fecha.

El caso nace después de la denuncia presentada ante la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) por Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que ejerce la acusación popular. Se investiga un presunto fraude de subvenciones por una ayuda de 2,5 millones de euros que recibió del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

Entre los investigados están Francisco Serrano y sus ex socios Francisco Javier López y Enrique Pelegrín. El instructor vio indicios de criminalidad en la actuación de estos tres varones con respecto a la ayuda recibida para hacer la fábrica. Serrano dimitió de su cargo en la sociedad en octubre de 2017, cuando ya "se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica, por lo que el presunto delito ya estaría presuntamente consumado".

El instructor señaló que más de la mitad del préstamo de casi 2,5 millones de euros que le dio la cartera de Industria a la sociedad de Serrano se envió a otra cuenta de la mercantil. Es decir, los jueces creen que se utilizaron esos fondos para destinarlos a fondos de inversión, "para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidad", señala el auto.

La Fiscalía pide un total de seis años de prisión para los tres acusados por el delito de estafa. Además, solicita el pago de una multa de 5.400 euros. De manera subsidiaria se reclama que si los hechos fueran calificados como fraude de subvenciones, los acusados serían responsables de dos delitos: el Ministerio Público solicita en este caso cuatro años de prisión y una multa de 7 millones y medio de euros por cada delito. En cualquier caso, deberían indemnizar al Ministerio de Industria con 2.489.000 euros.