Los tribunales de Sevilla ya señalan juicios para 2030: "Vemos a diario cómo se vienen dilatando los plazos"

Ya hay juicios señalados en Sevilla para el año 2030. El atasco en la justicia hispalense continúa demorándose un curso tras otro y nada parece ponerle remedio, ni siquiera la reciente implantanción de la Ley 1/2025, conocida como ley de Eficiencia. No es culpa de los jueces, cuyo trabajo elogia cada año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tampoco de los ciudadanos, que son quienes sufren esta cuestión finalmente. Sin embargo, la dilación de los procesos continúa siendo una realidad en toda la provincia.

En su memoria de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya explicaba que la conversión de los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia y la nueva Oficina Judicial eran capaces de "generar un plus de eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial", si bien por el momento "la situación no es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad". Es decir, la situación no se va a revertir, al menos en un corto plazo medio y recientemente se quejaron de ellos los colegios de abogados y procuradores.

La provincia de Sevilla cuenta con varios problemas de sobrecarga. "El índice de referencia de entrada de asuntos en la jurisdicción civil es sobrepasado en la mayor parte de los partidos judiciales, destacando especialmente Lebrija, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor", señaló el TSJA. "En el orden penal, destaca la sobrecarga que presentan los juzgados de Morón de la Frontera".

"Hay personas que necesitan respuestas en un plazo razonable"

Los operadores jurídicos muestran su inquietud en este sentido. Para Pablo Armijo Bidón, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, "resulta preocupante" que los procedimientos de esta última materia, "especialmente aquellos relativos al reconocimiento de incapacidades permanentes, iniciados en 2023 y 2024, estén siendo señalados para 2029 e incluso 2030".

El letrado arguye que se trata de un problema que redunda en los vecinos. "Detrás de cada demanda hay personas que conviven con enfermedades o situaciones de especial vulnerabilidad y que necesitan una respuesta judicial en un plazo razonable". Para solucionarlo, piensa que la administración debe apostar por tener más recursos: "Confiamos en que se dote a la Administración de Justicia de los recursos necesarios para garantizar una tutela judicial efectiva, ágil y acorde con las necesidades de los ciudadanos".

El problema no lo tienen solo las jurisdicciones que cubre el anterior letrado, sino que es algo común a todas. Román Cano Lumera, socio de RZS abogados apunta: "En determinadas Secciones de Instancia vemos a diario cómo se vienen dilatando los plazos de tramitación y señalamiento. Actualmente observamos admisiones a trámite de demandas que en algunos casos se demoran casi un año".

"Esta circunstancia, lejos de ser anecdótica, contrasta con los objetivos de agilización que persigue la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia", apunta Cano. "Es necesario afrontar esta realidad y reflexionar sobre la urgencia de reforzar los órganos judiciales, pues la Administración de Justicia, pilar básico del estado de derecho, avanza en términos presupuestarios y de personal a un ritmo muy inferior al del resto de administraciones públicas".

"La sobrecarga provoca importantes retrasos"

En el ámbito del derecho penal, el TSJA también ha señalado que existe un problema. El abogado Pedro Salinero Martín de la Hinojosa, socio en Salinero&Hinojosa Asesores apunta que el retraso "en la tramitación de los procedimientos compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas". Curiosamente, "pese a los objetivos de agilización que persigue la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la sobrecarga de los órganos judiciales continúa provocando importantes retrasos en la práctica de diligencias y en el señalamiento de vistas".

"Resulta imprescindible reforzar los Juzgados y Tribunales con los medios personales y materiales necesarios para garantizar una tutela judicial efectiva, ágil y con todas las garantías", finaliza su argumentación Salinero Marín de la Hinojosa.

Es algo en lo que coinciden la mayoría de operadores jurídicos. También en que los medios materiales deben ir acompañados de una mejoría tecnológica. La memoria del TSJA reseñaba que "aunque desde la Administración autonómica se han dado pasos importantes en este último año hacia la definitiva consolidación tecnológica, todavía queda un importante camino por recorrer".

Las suspensiones volvieron a aumentar

El ingreso de nuevos temas se topa siempre con los que vienen suspendidos de los cursos anteriores. En 2025, los datos del TSJA señalan que ha aumentado el porcentaje de suspensiones en todas las jurisdicciones en Sevilla, excepto en la contencioso-administrativa que ha pasado del 46 por ciento del año pasado al 36 por ciento.

La media global de suspensiones de juicios en Sevilla asciende a un 33%, tan solo un uno por ciento más que en 2024. "La jurisdicción social, una en la que más suspensiones se producen en todas las provincias, tiene un porcentaje de suspensión del 55 por ciento (un punto más que el año pasado)".

No obstante, esto no solo ocurre en Sevilla. "La justicia andaluza sigue en cifras llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente".

La implantación de la Ley de Eficiencia, por el momento, no se valora. "Habrá que esperar a una valoración que pondere de modo real los efectos prácticos de tal reforma, que corresponderá hacer en la Memoria del año próximo".