Ecologistas en Acción pide mantener las multas por acceder con vehículos más contaminantes a la Cartuja y alega contra el "retroceso" en la norma pactado por PP y Vox

El plan pactado por PP y Vox para que las multas por acceder con los vehículos más contaminantes a la zona de bajas emisiones de la Cartuja se apliquen sólo cuando haya episodios de alta contaminación es "un retroceso en políticas de movilidad sostenible" y un "incumplimiento" de la normativa estatal. Este es el análisis de Ecologistas en Acción que ha presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública abierto por el Ayuntamiento de Sevilla.

"Es un grave retroceso en las políticas de movilidad sostenible, calidad del aire y lucha contra el cambio climático. Vacía de contenido el concepto de zona de bajas emisiones y convierte una obligación legal en un simple trámite administrativo, sin capacidad real para reducir la contaminación atmosférica, mejorar la salud pública o transformar el modelo de movilidad de la ciudad", explica el responsable de Movilidad de Ecologistas, Eduardo Gutiérrez, quien denuncia que se han impuesto "criterios ideológicos a la protección de la salud pública".

Además, Ecologistas han sostenido que el Ayuntamiento no ha sometido previamente el proyecto al Consejo Local de Medio Ambiente (Colomas), al Consejo Asesor de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad (Cappaes), a la Mesa de la Movilidad, al Pacto por la Movilidad ni al Observatorio de la Movilidad Sostenible, limitándose a abrir un trámite administrativo de consulta cuando el proyecto "ya estaba completamente elaborado". "Una transformación de la movilidad urbana de esta magnitud sólo puede desarrollarse mediante procesos reales de participación con el conjunto de agentes sociales", ha expresado.

Sólo en episodios de alta contaminación

La modificación pactada por PP y Vox establece que control sancionador se condicione a la existencia de episodios de contaminación ambiental u otras restricciones ambientales dependiendo de los sensores situados en Sevilla que detecten niveles no permitidos de contaminación. Además, se introducirán medidas alternativas para la mejora y rehabilitación de la ciudad que permitan a su vez reducir las emisiones de carbono, el impacto de ruido y la mejora de la accesibilidad, movilidad peatonal y ciclista y naturalización del espacio. Desde julio de 2024, los accesos no autorizados detectados (con vehículos que no cumplen con los requisitos de antigüedad y limitación de las emisiones) son denunciados y sancionados. Así se han tramitado unas 2.000 multas mensuales en cumplimiento del decreto estatal que obliga a este sistema a las grandes ciudades.

Las alegaciones de Ecologistas advierten de que el cambio pactado por PP y Vox supone "carece de indicadores suficientes, no establece objetivos medibles de reducción de emisiones ni incorpora mecanismos de monitorización que permitan comprobar su eficacia". Ante estas "carencias", Ecologistas en Acción ha solicitado la retirada del proyecto de ordenanza y la elaboración de una nueva propuesta desde el inicio, con participación efectiva de la ciudadanía y de los agentes sociales implicados.

La organización ha propuesto incorporar los valores guía de calidad del aire recomendados por la OMS y la nueva Directiva Europea, crear un foro ciudadano permanente para el seguimiento de la implantación de la ZBE, instalar estaciones de medición dentro del ámbito afectado, establecer indicadores públicos y verificables de evaluación.