El Ayuntamiento de Sevilla sanciona en agosto a bares por veladores y otros elementos ilegales con multas que suman hasta 7.200 euros

Las inspecciones a bares y restaurantes de Sevilla por parte de la Gerencia de Urbanismo no han parado durante el verano. El Gobierno de José Luis Sanz continúa vigilante al uso que hacen los bares de los veladores y los incumplientos de la normativa actual y los acuerdos adoptados en el pasado poniendo multas. En la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo tras el verano, que tiene lugar este martes, según ha podido saber El Correo de Andalucía se impondrán una decena de sanciones a establecimientos repartidos por la Alameda de Hércules, El Porvenir, el centro o Triana. En total, la cantidad recaudada supera los 7.000 euros.

La Alameda de Hércules en una zona habitual de batidas por parte del Ayuntamiento de Sevilla porque es un espacio de alta concentración de bares con terrazas, muchas mesas con sillas e incluso toldos o elementos publicitarios y cartelería. En este caso, se impone a un bar, ubicado en el número 17, una multa por importe de 1.000 euros -la tercera multa coercitiva en su caso- por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva en el que ya se ordenaban medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación urbanística de la finca.

Igualmente, se impone una multa de 600 euros en concepto de primera multa coercitiva por incumplir un acuerdo pasado de la Comisión Ejecutiva en el que se acordó la inmediata suspensión del uso y retirada de la instalación de veladores existente sin ajuste a licencia. En este caso, en el número 15. Otra opción es que la Gerencia de Urbanismo realice directamente la retirada, y en este caso le reclama a un bar de la Alameda un importe de 343,12 euros y a otro 249,36 euros.

Multas de 600 euros a bares de Sevilla por tener veladores sin la licencia

En otros puntos, la Gerencia de Urbanismo impone una multa de 600 euros, como primera multa coercitiva, por incumplir un acuerdo de junio de 2026 donde ya se ordenaba la inmediata suspensión del uso y retirada de la instalación de veladores existente sin ajuste a licencia, en un establecimiento ubicado en el número 3 de la calle Estepa, en Tiro de Línea.

También se impone una sanción de 600 euros en concepto de primera multa coercitiva por incumplir este mismo acuerdo a un establecimiento de tapas ubicado entre la calle Itálica y la calle José de Velilla, justo al lado de la calle Rioja y la Plaza de la Magdalena.

Igual que se multa con 600 euros a un café bar ubicado en el número 3 de la calle Tartessos, en pleno San Pablo, y a un bar ubicado en el número 46 de la calle Arroyo, junto a la avenida de José Laguillo, en Santa Justa. Otros establecimientos sancionados con 600 euros son un bar de El Porvenir, en el número 17 de la calle Felipe II, y otro ubicado en el número 5 de la calle Imagen.

Incluso la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha impuesto multas de 1.000 euros por incumplir acuerdos de la Comisión Ejecutiva, pero en este caso por no ejecutar las medidas necesarias para adecuar la realidad física a la ordenación urbanística de la finca, tanto en el establecimiento ubicado en el número 5 del Paseo de Colón como en el que está en el número 23 del pasaje Esperanza de Triana.

Adaptación a la nueva normativa

En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una nueva ordenanza de veladores para la que los bares se adaptasen a la nueva norma en tres años. Mientras tanto tendrán que cumplir con la normativa vigente hasta entonces y no salirse de la licencia concedida con anterioridad ni de las condiciones para realizar su actividad. La aprobación definitiva de esta normativa para regular las terrazas de los bares de la capital llegó tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox. Serían unos 30.000 veladores los afectados según los cálculos de los hosteleros, de los cuales más de 12.000 podrían desaparecer.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC.