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Sucesos

Agresión en un centro de salud de Sevilla tras denegarle una cita en urgencias

Agresión en centro de salud al denegarle atención por urgencias al tener ya cita el mismo día

Archivo - Imagen de recurso de una agresión médica.

Archivo - Imagen de recurso de una agresión médica. / ZHANNA DANILOVA/ COMCAS - Archivo

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Sevilla

El Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla ha activado el Plan de Prevención y Atención de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de que la acompañante de una paciente agrediera físicamente a la coordinadora de cuidados de un centro de salud de la capital. La agresora propinó una bofetada a la profesional sanitaria cuando le informó de que no podía ser atendida por urgencias teniendo una cita ya asignada para el mismo día unas horas más tarde, según confirma el SAS en un comunicado.

Ante esta agresión, se ha personado en el centro de salud la Policía Nacional, y la profesional cursará la correspondiente denuncia. En este sentido, el distrito ha puesto a su disposición todos los recursos necesarios, entre ellos asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, además del acompañamiento del profesional guía.

La Dirección Gerencia de esta área asistencial, junto al equipo directivo y profesionales del centro, desea mostrar su apoyo a la trabajadora víctima de un episodio de violencia durante el ejercicio de su labor, al tiempo que condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones.

Esta nueva agresión se suma a la que se conocía el pasado jueves en el centro de salud de La Plata, entre los barrios de Su Eminencia y la Doctora-Padre Pío, cuando dos pediatras fueron objeto de agresión verbal, con la particularidad de que ambos ataques se produjeron el mismo día y casi al mismo tiempo, con apenas unos minutos de diferencia.

Desde el SAS recuerdan que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.

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