Investigan a cinco miembros de una familia por el riego ilegal de 400 hectáreas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla ha investigado a cinco personas de mismo grupo familiar, por su supuesta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, usurpación y falsedad documental.

Esta nueva fase de la operación Irrigatio, iniciada en 2021, ha permitido detectar importantes irregularidades medioambientales en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río.

Los agentes centraron sus investigaciones en un complejo de fincas y explotaciones agrícola pertenecientes a un grupo familiar, donde se había transformado de forma ilícita más de 400 hectáreas de terreno de secano a regadío. Los terrenos, principalmente de olivos, aunque también de naranjos, donde se cultivaban olivos, eran alimentados mediante captaciones no autorizadas de aguas superficiales y subterráneas.

Entre los métodos empleados se encuentra la extracción directa del cauce del río Guadalquivir sin autorización, así como el uso de pozos y sondeos carentes de permisos, incluso durante periodos de especial riesgo por sequía.

Sin autorización alguna

Se estima que unas 270 hectáreas habrían sido transformadas sin concesión alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), calculando que el daño ecológico ocasionado podría superar los seis millones de euros, con una estimación de la extracción de más de 829 millones de litros anuales (829.530 metros cúbicos de agua).

Según la investigación del Seprona, se ha detectado una compra masiva de terrenos agrícolas de secano, convirtiéndoles posteriormente a regadío de forma fraudulenta. Además, algunas de las fincas se adquirían con cercanía a ríos o con derechos legales de captación, al parecer con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua.

Las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los tres millones de euros. A lo largo de las inspecciones realizadas por el Seprona y agentes fluviales de Confederación Hidrográfica del Guardalquivir, se han constatado diversas infracciones administrativas.

En su mayoría, las explotaciones inspeccionadas disponían cerramientos complejos y la ocultación de motores, pozos y sistema de captación en casetas y estructuras metálicas. Otro de los aspectos relevantes de la investigación es la presunta apropiación indebida de vías pecuarias y caminos públicos, cuya libre circulación habría sido impedida.

Invasión de zonas sensibles

Además, se han documentado trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor, con el objetivo de implantar cultivos intensivos de olivar, invadiendo áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Asimismo, se ha podido comprobar que el grupo familiar investigado habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas. En concreto, se habrían declarado parcelas de regadío como de secano y viceversa, con el propósito de beneficiarse de subvenciones vinculadas a la protección del clima y la sostenibilidad agrícola. Esta información ha sido remitida al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su valoración.

Es importante destacar que los investigados en esta segunda fase de la operación no guardan relación ni vínculo alguno con las personas que fueron objeto de la primera fase de la operación, tratándose de un grupo completamente distinto de presuntos responsables.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos meses, en una labor continuada de protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos hídricos.