Ejecución del lanzamiento
Desahucian en Madrid a dos menores huérfanas por violencia machista y a su abuela
El juzgado ejecutó el desahucio el 14 de enero pese a que la familia contaba con informes oficiales de extrema vulnerabilidad social

Imagen de archivo / Javier Etxezarreta / EFE
Paula Correa
Dos menores de 5 y 10 años, huérfanas desde 2023 tras el asesinato machista de su madre, han sido desahuciadas junto a su abuela en el distrito madrileño de Villaverde por orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.
El lanzamiento se llevó a cabo el pasado 14 de enero, pese a que la familia se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por informes de los servicios sociales.
“Lo sucedido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías sociales para una familia en situación de máxima vulnerabilidad”, ha denunciado en declaraciones a Efe el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino.
La familia residía en Villaverde, donde la abuela, de 65 años, se hizo cargo de las dos niñas tras el feminicidio. Según la FRAVM, la mujer sostenía el hogar con unos ingresos mensuales de alrededor de 600 euros, una cantidad muy inferior al umbral necesario para acceder a una alternativa habitacional estable en el mercado actual.
Nacarino ha calificado el desahucio como “un fallo brutal del sistema judicial” y ha criticado que el juzgado no paralizara el procedimiento pese a contar con un informe de vulnerabilidad social. También ha denunciado la falta de asistencia jurídica efectiva durante la ejecución del lanzamiento.
Según ha explicado, la abogada de oficio asignada a la familia no acudió al desahucio y delegó su presencia en un procurador, cuya función se limita a dar fe del procedimiento sin capacidad para negociar con la comisión judicial.
Para la FRAVM, la ausencia de la letrada en un momento clave impidió explorar posibles vías de mediación o aplazamiento que habrían podido ofrecer un margen para encontrar una solución habitacional.
La familia disponía de un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales que, según las entidades vecinales, debería haber servido para frenar o al menos posponer el lanzamiento.
De acuerdo con la orden de desahucio facilitada por la FRAVM, la actuación se ejecutó a las 13.00 horas con la intervención de Policía, cerrajero y procurador, entre otros, por mandato del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.
El procedimiento corresponde a un desahucio hipotecario iniciado por una deuda vinculada a la vivienda. El fondo inmobiliario Circleville SL adquirió dicha deuda a Caixabank y activó la vía judicial para hacerse con el inmueble.
Fuentes cercanas a la familia han señalado a Efe que, en los meses previos al lanzamiento, personas vinculadas al fondo acudieron en varias ocasiones al domicilio con el objetivo de presionar y acelerar la salida de la abuela y las menores, llegando incluso a ofrecer dinero a cambio de la vivienda.
La FRAVM ha informado de que continuará acompañando a la familia, que ha sido realojada provisionalmente gracias a su red de amistades, y reforzará la denuncia pública de lo ocurrido. Asimismo, ha anunciado su intención de solicitar una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar lo que consideran un grave fallo del sistema.
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