La rama aún por desvelar de la trama de Pascual Llopis y Mario García: "prevaricación" con funcionarios públicos

Más de 1,8 millones de euros en efectivo, 10 relojes de lujo, piezas de oro, seis coches de alta gama, otro millón de euros en varias cuentas bancarias, una decena de inmuebles. Esto es todo lo que la Guardia Civil le ha intervenido a la trama presuntamente liderada por Pascual Llopis y Mario García, investigada por blanquear dinero del narcotráfico a través de discotecas, chiringuitos y festivales como el Puro Latino. Aunque aún hay otra rama por desvelar de este caso: la relacionada con la prevaricación.

La investigación arrancó en agosto de 2025 tras "detectar una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz", según la Benemérita. "Todas estas compañías formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal".

Babú, Banana y Margarita Beach Club. Los agentes pusieron el foco en tres conocidos locales ubicados en El Puerto de Santa María y propiedad de uno de los detenidos: Pascual Llopis. Y no solo restaurantes y discotecas: la operación Trajano 23 Sorela también hizo lo mismo con el Puro Latino, un festival en el que cada año bailan miles de jóvenes -y no tanto- a ritmo de reggaetón. Este macroevento también habría servido, según las sospechas de los investigadores, para introducir en el circuito legal el dinero obtenido de manera ilícita a través del tráfico de drogas.

Después de ejecutar el operativo, se pusieron a disposición judicial el pasado 3 de julio a los 11 arrestados y a la persona investigada. De todos ellos, se decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos: Pascual Llopis y Mario García. "Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulada la compleja y entramada organización criminal asentada en ambas provincias andaluzas".

Si hay prevaricación, hay funcionarios públicos

La comunicación del TSJA el pasado 2 de julio fue clara: "En este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias". Al frente de todo, el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María.

Ahí está, por tanto, la segunda rama: si entre todo lo que se investiga hay prevaricación y malversación de caudales públicos, debe haber al menos un funcionario público bajo la lupa. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, hasta ahora han prestado declaración ante el juez un total de 30 personas, entre las que habría trabajadores de la administración. Sin embargo, no ha trascendido la detención ni imputación por el momento de ninguno de ellos.

Tampoco ha salido a la luz la identidad de ningún funcionario público. Sí que se informó de manera oficial a principios de julio que, al menos hasta ese momento, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, no constaba como investigado en este procedimiento, según el propio TSJA. "Tampoco se llevó a cabo ningún registro en su despacho de la Diputación, sino que se realizó un requerimiento de información tanto a esta como a otras instituciones públicas", aclararon estas mismas fuentes judiciales.

Una trama con millones de euros

En el otro lado está esa primera rama del caso: la organización criminal ya desmantelada, según el Instituto Armado. En los 15 registros practicados por la Guardia Civil en domicilios y negocios de Dos Hermanas, Pilas, Cádiz y El Puerto de Santa María se intervinieron "1.860.400 euros en metálico". Y también "10 relojes de alta gama, diversas joyas de alto valor económico y piezas de oro, y hasta 10 vehículos (entre ellos, seis de alta gama)".

"Paralelamente, se han embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros", detallan desde el Instituto Armado. Asimismo, se han bloqueado "cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la trama delictiva investigada, superando el millón de euros conjuntamente".